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15.000 euros públicos en prostitución el día que Griñán cambió su Gobierno

Griñán y Fernández, al día siguiente de la juerga, en la toma de posesión del nuevo gobierno. F. RUSO

La tarjeta black del jefe de la fundación de la Junta para formar a parados se usó quince veces en apenas unas horas en el club de alterne Don Angelo de Sevilla, en concreto entre las 20.57 horas del 22 de marzo de 2010 y las 2.43 horas del día siguiente. Se hicieron cargos de entre 310 y 1.490 euros en una juerga monumental que acabó costando 14.737 euros y que se costeó en ese momento con los fondos públicos con los que se financiaba la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo, la Faffe, una entidad hoy disuelta pero que funcionó como una auténtica agencia de colocación para familiares y militantes del PSOE andaluz y cuya gestión investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

Los números de aquella juerga vienen reflejados en la documentación que hace sólo unas semanas ha enviado la Junta de Andalucía al juzgado después de reiteradas peticiones de la juez María Núñez Bolaños a instancias de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los extractos bancarios evidencian el uso irregular del dinero público que manejaba la Faffe -que llegó a gestionar hasta 300 millones- y cómo su máximo responsable hacía un uso discrecional de las tarjetas de crédito que tenía a su disposición.

En lo que se refiere a la fiesta en el prostíbulo sevillano, la documentación pone de relieve, además, una curiosa coincidencia de fechas y horas. Los pagos con la tarjeta black de Villén en Don Angelo comenzaron apenas unas horas después de que el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, -juzgado estos días por los ERE- llevase a cabo una remodelación de su gobierno del que salió, entre otros, el consejero de Empleo del que dependía la Faffe, Antonio Fernández, también en el banquillo por los ERE desde diciembre.

Los ceses y los relevos que Griñán decidió forzado por el estallido del escándalo de los ERE se conocieron a última hora de la mañana de aquel 22 de marzo de 2010 y la juerga se prolongó hasta el día antes de la toma de posesión de los nuevos consejeros, el 24 de marzo.

La coincidencia la ha puesto de relieve este lunes la secretaria general del PP andauz, Dolores López, tras desvelar los importes cargados a la black de Villén que la Junta ha entregado en el juzgado. Para la número dos de los populares andaluces, «no es casual» que la juerga que pagó Villén en el Don Angelo se produjese precisamente en esa fecha.

Como tampoco lo es el hecho de que, tres días más tarde, el 25 de marzo, alguien de la Faffe acudiese al club de alterne a anular los quince cargos que había hecho el director de la fundación pública con su tarjeta. Se anularon uno a uno en una operativa que se prolongó trece minutos, entre las 21.30 y las 21.43 horas, de acuerdo con los extractos bancarios en poder de este periódico.

Estos extractos permiten hacerse una idea de cómo se desarrolló la juerga en el club de alterne y cómo la diversión, y el gasto, fueron in crescendo a medida que transcurrían las horas. De hecho, los primeros cargos fueron de 562 y 580 euros y al final de la noche eran de 1.490 y 1.040 euros.

Todos estos datos llegaron al Juzgado de Instrucción 6 el pasado 4 de junio, un mes después de que tanto los dirigentes del PSOE andaluz como el consejero de Empleo y la propia presidenta, Susana Díaz, aseguraran en el Parlamento que se había remitido al juzgado toda la información sobre las black, cuya existencia previamente habían negado de forma tajante.

Por ello, López ha acusado a Javier Carnero y a Susana Díaz y Mario Jiménez -portavoz parlamentario del PSOE- de haber mentido.

Las tarjetas black de las que disponían algunos directivos y que el director gerente usó para pagar en un conocido prostíbulo de Sevilla son sólo uno de los mil y un desmadres de una entidad que llegó a gestionar 300 millones procedentes de los impuestos de los andaluces y que, en buena medida, acabaron perdiéndose en los desagües del nepotismo y de un «sistema paralelo», en palabras de la UCO, por el que el gobierno andaluz se saltaba cualquier tipo de control y legalidad en materia de contratos para repartir éstos y el dinero aparejado a su antojo.

De los seis tomos de sumario que acumula ya la causa que investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla se puede concluir que la Faffe sirvió a los intereses, por un lado, del PSOE andaluz y de la Consejería de Empleo de la que dependía y, por otro lado, de sus propios mandos, empezando por Villén y su número dos, Joaquín Morales, que enchufaron en la fundación a esposas, hermanos, sobrinos y cuñados y que, además, se aprovecharon de la laxitud -más bien ausencia- de control para contratar todo tipo de servicios con empresarios cercanos. Tan cercanos como que eran parientes o antiguos compañeros de trabajo.

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