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Economía

316 'chivatazos' en el primer año del buzón de la CNMV para denuncias anónimas

Informe de 2018

A partir de las denuncias, se realizó una petición de información más concreta a la empresa aludida que dio lugar a modificaciones o rectificaciones de sus actuaciones

Cotización de los mercados en el Palacio de la Bolsa de Madrid. EFE

El término inglés whistleblower se emplea, según la Fundéu, para aludir a quienes, por su relación con una empresa -empleados, ex empleados, consultores, etc.-, tienen conocimiento de infracciones y deciden denunciarlas, bien a través de cauces internos, bien a la autoridades o incluso ante los medios de comunicación. De manera coloquial, se diría que el whistleblower es algo así como un chivato o, si se quiere eliminar el matiz peyorativo, un delator o denunciante, que es como prefieren llamarlo en las instituciones europeas -y también la Fundéu-.

Como fuere, la CNMV activó el 8 de enero de 2018 un canal de comunicación de posibles infracciones para que «toda persona que conozca la posible o efectiva comisión de infracciones relacionadas con las normas de ordenación y disciplina de los mercados de valores y de desee informar de ello de manera confidencial» pueda hacerlo sin temor a represalias. Desde entonces y hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, el supervisor de los mercados recibió 316 comunicacionessoplos, chivatazos– que contenían indicios suficientes como para tirar del hilo.

Lo confirmó ayer la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores al presentar su informe anual correspondiente a 2018, haciendo balance así del primer año de funcionamiento de la herramienta. Para ser exactos, la CNMV recibió un total de 704 comunicaciones por este canal, aunque de ellas, 41 eran reclamaciones; 104 consultas y 34 se referían a cuestiones que quedan fuera de sus competencias. De las 525 restantes, sólo 316 dieron lugar a procedimientos de análisis posteriores ante la existencia de posibles infracciones.

Internet fue el medio preferido por los delatores para hacer llegar sus informaciones, con un total de 326 casos que escogieron el formulario habilitado en la web de la CNMV para tal propósito; 263 optaron por el buzón tradicional; 114, por la vía telefónica y sólo una persona denunció de forma presencial en las oficinas de la Comisión.

A partir de las denuncias, se realizó una petición de información más concreta a la empresa aludida que dio lugar a modificaciones o rectificaciones de sus actuaciones; en otros casos, se abrieron procesos de investigación más amplios que podrían dar lugar a expedientes sancionadores, según explican desde la CNMV, si bien ninguno de esos procedimientos ha sido resuelto aún.

Para que las denuncias acaben derivando en investigaciones mayores, las revelaciones deben contener «elementos fácticos» de los que se derive, al menos una sospecha fundada de infracción. Para ello «deben recoger, entre otros una descripción detallada del posible incumplimiento, la identidad de las personas o entidades involucradas en la posible conducta ilícita y las fechas en que hubieran tenido lugar las presuntas infracciones», según describe el informe del regulador.

‘Whistleblowers’ históricos

La figura del whistleblower tiene mayor dimensión en los ordenamientos jurídicos anglosajones, donde desde hace años se ha armado un escudo normativo para proteger a personas que decidieron sacar a la luz información comprometida de sus empresas y organizaciones alegando un bien común. Chelsea Manning y sus revelaciones que dieron pie al caso Wikileaks; Hervé Falciani y la lista de defraudadores del banco HSBC; Edward Snowden y el espionaje de la NSA son sólo algunos de los casos más recientes.

Portada de la revista ‘Time’ que nombra personajes del año a las delatoras de fraudes contables Cynthia Cooper de Worldcom, Coleen Rowley del FBI, y Sherron Watkins, de Enron.

Echando la vista atrás, también se encuentran los ejemplos de Sherron Watkins y Cynthia Cooper, ex directivas del gigante de la energía Enron y de la telefónica WorldCom, y la agente del FBI Coleen Rowley que, como recordaba Pablo Pardoen este artículo, fueron elegidas como Personajes del Año por la revista Time en 2002 precisamente por su papel a la hora de señalar situaciones irregulares en sus respectivos ámbitos.

Pero no hace falta irse tan lejos en el tiempo. Hace apenas unas semanas, los tribunales estadounidenses daban la razón a una ex comercial de Almirall en EEUU que conseguía ganar más de un millón de euros por denunciar sobornos a médicos y otras malas prácticas de la farmacéutica española en ese país.

En España, estos denunciantes no están amparados por la condición de anonimato que garantiza su protección y seguridad y eso ha provocado que este tipo de comunicaciones no sean una práctica habitual en nuestro país.

El mecanismo de la CNMV, que traspone la normativa europea, sí garantiza el anonimato para quien decida recurrir a él y es de esperar que en los próximos meses siga aumentando el número de mensajes que llegan hasta él.

Más sanciones, menos volumen

En lo que respecta a actuaciones disciplinarias, se iniciaron 21 expedientes sancionadores, frente a los 16 de 2017, y se concluyó la tramitación de 23 -siete más que el año anterior-, con 39 multas, lo que supone un aumento de 12 sanciones con respecto a 2017.

Subió el número de multas, pero bajó el importe recaudado: 9,08 millones de euros frente a los 13,9 millones de 2017. En 17 de estos expedientes los presuntos infractores se acogieron a los supuestos de terminación anticipada, hecho que ha sido determinante en la reducción del plazo medio de tramitación de los expedientes sancionadores a 180 días.

Aumentó también el número de reclamaciones, un 2% más que el ejercicio anterior, «principalmente relacionadas con la información posterior en el ámbito de la comercialización, el asesoramiento y la gestión de carteras», según la nota de la CNMV.

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