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Afganistán: Presuntas instalaciones para el tráfico de drogas no eran objetivos legítimos

El informe especial sobre el impacto de los daños ocurridos el 5 de mayo en más de 60 localizaciones del distrito de Bakwa, ubicado en la provincia de Farah, y en el distrito vecino de Delaram, verificó 39 víctimas civiles, entre ellas 14 niños y una mujer que arrojaron un saldo de 30 muertos, cinco heridos y cuatro de carácter «indeterminado».

«Mientras que algunos de los civiles muertos o heridos en los ataques aéreos trabajaban en los laboratorios de drogas, otros -incluidos mujeres y niños- no lo hacían», destaca el informe de los investigadores de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, que elaboró conjuntamente el informe con la UNAMA, indicó haber recibido informes fidedignos y creíbles de que hubo al menos 37 víctimas civiles más -30 muertos y siete heridos-, la mayoría de los cuales eran mujeres y niños.

Los hogares de las personas ‘no son un objetivo’

Además, especifica que el bombardeo no proporcionaba ninguna ventaja militar y que algunos de los edificios atacados no poseían ningún vínculo aparente con la fabricación de drogas, como los domicilios de las personas.

«La Misión determinó que las estructuras civiles que supuestamente operaban como laboratorios de drogas y que fueron atacadas durante los bombardeos, no presentaban un vínculo suficiente con las operaciones de combate de los talibanes para justificar su clasificación como objetivos militares», destaca el informe.

Aunque los talibanes controlaban el distrito de Bakwa y usaban las instalaciones para la fabricación de drogas con el objetivo de financiar sus operaciones, el estudio destaca que dichas dependencias «no estaban controladas y operadas exclusivamente por los talibanes, sino que eran propiedad de grupos delictivos con conexiones con redes internacionales de narcotráfico y estaban operadas por ellos».

Discrepancias de lenguaje

Asimismo, indicaron que «aunque se produjeron previos ataques aéreos contra presuntas instalaciones de procesamiento de drogas, esta era la primera vez que la UNAMA recibía informes de que se había producido un gran número de víctimas civiles como resultado de una operación de ese tipo», se indica en el informe.

Sin embargo, y de acuerdo con la investigación efectuada por las Fuerzas de los Estados Unidos en Afganistán (USFOR-A), esta determinó que no hubo víctimas civiles durante los ataques aéreos.

Este resultado, se indica, está en consonancia con la «política de larga duración de Estados Unidos», por la que considera que los objetivos económicos que contribuyen a los logros bélicos de una parte son «objetivos militares legítimos».

Sin embargo, los autores del informe señalan que, según el derecho internacional humanitario, las instalaciones que contribuyen económica o financieramente a los logros bélicos de una de las partes en conflicto «se consideran objetivos civiles».

En relación con el tema del consumo de drogas en Afganistán, el informe reconoce la creciente amenaza que representa la industria de las metanfetaminas, pero sugiere llevar a cabo una respuesta «apropiada» y mediante «la aplicación de la ley» como alternativa a los ataques aéreos «que ponen en peligro a los civiles».

Entre las recomendaciones del informe se incluye un llamado a la USFOR-A para que conduzca una investigación independiente y transparente que examine el impacto de la operación del 5 de mayo en la población civil.

Estas conclusiones deben ver la luz pública, así como las medidas que garanticen la rendición de cuentas, y las acciones destinadas a proporcionar una «reparación adecuada» a las víctimas y sus familiares.

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