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España

Alicante | Una ciudad empachada de escándalos

El PP busca consolidarse en el Gobierno tras haber accedido al poder gracias al voto de una ex concejal de Podemos expulsada por contratar a sus amigos

Luis Barcala, alcalde de Alicante desde abril del año pasado. MANUEL LORENZO

El Ayuntamiento de Alicante busca estabilidad tras cerrar el próximo 26 de mayo uno de sus mandatos más convulsos desde la llegada de la democracia. Un tripartito de izquierdas liderado por el PSOE desbancó al PP en 2015 después de 20 años de mayorías absolutas ininterrumpidas. Los constantes escándalos de corrupción y la gestión de la ex alcaldesa Sonia Castedohundieron a los populares en las municipales, que pasaron de sacar el mejor resultado de su historia en 2011, con 18 ediles, a solo ocho.

Cs aprovechó esta caída para entrar en el pleno con seis concejales, mientras que la irrupción de Guanyar (la marca de Izquierda Unida creada para aglutinar el voto de Podemos) y Compromís permitió a la izquierda conformar una mayoría suficiente para poder gobernar.

Desde el primer momento el tripartito estuvo marcado por las broncas, la falta de entendimiento y las puñaladas por la espalda. También por escándalos que han acabado por condicionar el mandato y la gobernabilidad de la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana. El primero saltó en marzo de 2016, cuando no se había cumplido ni un año desde la investidura del socialista Gabriel Echávarri. EL MUNDO desveló que la edil de Acción Social, Nerea Belmonte (Guanyar), había dado contratos a dedo a ex compañeros de su candidatura a liderar Podemos en Alicante.

El tripartito fue fulminante: le retiró competencias, Guanyar la expulsó de la agrupación y Podemos inició medidas disciplinarias contra ella. La edil aguantó el envite y mantuvo el acta, lo que en la práctica dejaba el voto 15 del pleno, el que da mayorías, en manos de una persona sin ningún tipo de afiliación política y muchas ganas de revancha. La corporación sumó un segundo no adscrito meses después, esta vez de Ciudadanos.

Este diario también reveló unos gastos de mantenimiento de un vehículo que Fernando Sepulcre, el concejal designado por el partido de Albert Rivera para estar en la Diputación de Alicante, había tratado de colar al partido a pesar de ser de índole particular. Sepulcre se fue antes de que sus compañeros le pudiesen pedir responsabilidades, e introdujo otro elemento más de inestabilidad política en una ciudad intervenida por el Ministerio de Hacienda y ahogada por una deuda de más de 150 millones al inicio del mandato.

El factor definitivo de estos cuatro años, sin embargo, han sido los tribunales. El alcalde socialista Gabriel Echávarri resultó procesado en noviembre de 2017 por el presunto fraccionamiento de contratos para una campaña comercial. En un auto demoledor, la juez consideró que Echávarri y dos de sus asesores habían troceado facturas con el objetivo de dárselo a «profesionales escogidos» previamente. Aún así Echávarri aguantó y sus socios de Gobierno rompieron el tripartito, lo que dejó al PSOE gobernando una corporación de 29 concejales con solo seis.

El calvario de Echávarri no se detuvo ahí. Unos meses después, en marzo de 2019, otro juzgado decidió procesar también al primer edil por el despido de una trabajadora interina del Ayuntamiento que resultó ser cuñada del portavoz del PP. Echávarri había tomado la decisión horas después de que los populares instasen a Fiscalía a investigar el fraccionamiento de contratos de Comercio, por lo que el gesto se había interpretado como una venganza personal.

Dimisiones

La presión se volvió insostenible y el alcalde, forzado por su partido, dio una rueda de prensa en la que anunció su dimisión. El nuevo pleno de investidura se celebró en abril de 2018, y ahí fue donde Nerea Belmonte se cobró su venganza. El PSOE fue incapaz de conseguir su voto para investir a su candidata, y el PP accedió automáticamente al poder al ser el partido con mayor número de votos en las municipales.

El nuevo alcalde, Luis Barcala, ha centrado su año de Gobierno en «recuperar la normalidad institucional». A nivel de gestión ha aprovechado el superávit generado por la baja ejecución presupuestaria para liquidar definitivamente el plan de ajuste. Pese a eso la ciudad tiene grandes temas pendientes que siguen sin abordarse, como un Plan General que ya ha cumplido 30 años sin revisarse.

La batalla de Alicante, pues, está en medir las fuerzas de un PP y un PSOE renovados, y en qué medida ha afectado el desencanto del mandato fallido a la izquierda que representa Podemos, que esta vez sí concurre con sus siglas. Compromís busca consolidarse en el sur de la Comunidad Valenciana, un territorio donde tiene problemas de implementación. El efecto Vox, un partido que ha tenido un resultado más que notable en las elecciones autonómicas y generales en la provincia (ha superado a Podemos y Compromís), es una incógnita para el PP, que aspira a volver a gobernar con un pacto a la andaluza. En este escenario falta por ver qué papel desempeña Cs, cuya candidata ya ha dicho que está abierta a pactar con el PSOE.

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