IEVENN
Economía

Análisis | Hacienda nos roba el tiempo

Oficina de la Agencia Tributaria en Madrid. ANTONIO HEREDIA

Una vieja tradición legal obliga a las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades (IS) a ingresar tres pagos fraccionados (en los meses de abril, octubre y diciembre) correspondientes al período impositivo en curso. Dichos pagos tienen la consideración de “a cuenta”. Comprenderemos mejor el significado de la expresión “a cuenta” con un ejemplo. Supongamos que el período impositivo coincide con el año natural y que estamos en el período 2019. Cuando -en julio de 2020- el contribuyente del IS presente la autoliquidación de 2019, descontará de la cuota de dicho ejercicio los pagos fraccionados que ingresó en abril, octubre y diciembre de 2019.

Los sistemas tradicionales, si funcionan aceptablemente bien, son reacios a las novedades. No obstante, el 30 de septiembre de 2016, el régimen de pagos fraccionados sintió cómo temblaban sus cimientos. Ese día el Real Decreto-ley 2/2016 inoculó en el cuerpo legal un “virus maligno” en perjuicio de numerosos contribuyentes. El citado Real Decreto-ley, que se publicó (en una edición nocturna y especial del BOE) en la misma fecha de su aprobación, tiene (porque, en lo sustancial, todavía continúa en vigor) un destinatario muy fácil de identificar. Afecta a las sociedades cuya cifra de negocios hubiese superado, en el ejercicio precedente, la cantidad de diez millones de euros anuales.

Los pagos fraccionados del IS que deben satisfacer dichas empresas significan un ingreso mínimo del 23% del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a los tres, nueve u 11 primeros meses de cada año natural. De las cuotas oportunas se restan, exclusivamente, los pagos fraccionados efectuados con anterioridad. Por tanto, la empresa ingresará la diferencia en el Tesoro. Las entidades de crédito resultan de peor condición: para ellas, el tipo general del 23% se eleva al 25%.

La empresa se ve legalmente forzada a desembolsar pagos muy elevados. Sin embargo -es el argumento favorito de la Agencia Tributaria (AT)-, algún ingenuo subrayará su consideración de “a cuenta”. O, lo que es lo mismo: si la cuota final del IS, determinada el año siguiente, resultase inferior a la suma de los pagos fraccionados (y las retenciones practicadas por terceros), Hacienda devolvería el exceso al contribuyente.

Por Auto de 14 de diciembre de 2018, la Audiencia Nacional (AN) ha planteado ante el Tribunal Constitucional (TC) una cuestión de inconstitucionalidad relativa a los porcentajes mínimos antes señalados que deben ingresar los contribuyentes sujetos al IS. Su regulación legal la ofrece, como también hemos visto, el Real Decreto-ley 2/2016 (artículo único, aunque el Auto se refiere, por error, a un inexistente artículo 3). La fundamentación del auto de la AN (idéntica a la de otro Auto dictado por el mismo órgano judicial el 19 de diciembre posterior) es impecable y presenta gran interés para los contribuyentes en general y no solo para las sociedades afectadas por el Real Decreto-ley 2/2016.

El auto de la AN critica la desviación ilegítima en la que habría incurrido dicha norma, pues -a tenor del artículo 86.1 CE- la figura del Decreto-ley “no podrá afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I” de la Constitución. En este caso, el Decreto de 2016 habría afectado al deber de contribuir al sostenimiento del gasto público de acuerdo con el principio de capacidad económica (artículo 31.1 CE). El Decreto, en opinión de la AN, modifica “elementos esenciales” del IS (que, con el IRPF, conforma el pilar central del sistema tributario español). La afirmación judicial es cierta. Sin embargo, la argumentación de la AN trasciende, a mi juicio, el asunto concreto de la modalidad de la norma jurídica (la circunstancia de que el vehículo normativo sea un Decreto-ley o una Ley ordinaria). A mi parecer, los vicios denunciados por la AN van más allá de los presupuestos de sus resoluciones y atentan directamente contra el concepto de justicia fiscal. En mi opinión, esos vicios o defectos no son susceptibles de redención por una ley ordinaria aprobada por las Cortes Generales (si éstas quisieran enmendar los fallos del Ejecutivo).

La AN denuncia la falta de capacidad económica real sometida a gravamen por el Decreto cuestionado. Se trata de una mera capacidad “artificial” por la desproporción existente entre los pagos fraccionados a cuenta y la cuota final del Impuesto. Debido a la mencionada falta de proporción, el legislador fiscal “desprecia el factor tiempo dentro de la relación jurídica tributaria” (la que vincula a los ciudadanos con el Estado a efectos fiscales). Ítem más: “la anticipación en el pago afecta al deber de contribuir y a la presión fiscal”. Por último, el Auto del 14 de diciembre de 2018 afirma que el Real Decreto-ley 2/2016 “le impone [al contribuyente] de manera arbitraria un momento en los pagos a cuenta sin consideración a la cuota tributaria que finalmente corresponda pagar a las sociedades, por tanto, sin atender a su capacidad económica real”. El Decreto-ley impugnado obliga a las empresas que se mueven en su órbita a realizar un mayor esfuerzo fiscal “que no desaparece por el mero hecho de que la liquidación del Impuesto arroje un resultado a devolver”.

A mi juicio, el régimen legal de los pagos fraccionados lesiona el interés legítimo de las sociedades y “carga” sobre su actividad económica, entre otros, los siguientes efectos nocivos:

  1. Embalsa” una fracción sustancial de la tesorería de la empresa, con la finalidad de generar el “ahorro” suficiente para atender los tres pagos a cuenta anuales.
  2. Drena recursos financieros de la sociedad, necesarios para el desarrollo natural de su actividad y la toma de decisiones por sus administradores.
  3. Compromete la política laboral de la empresa. Es decir, perjudica a los trabajadores (posible congelación de las estrategias activas de empleo y contención de los salarios), lo que a su vez se traslada a la demanda interna (menor consumo), a las cuentas de la Seguridad Social e, incluso, a la misma recaudación fiscal. Para la Hacienda Pública el sistema de pagos a cuenta es el pan que comerá hoy y el hambre que la devorará mañana si no utiliza otras “fórmulas retorcidas”.
  4. Es una “estafa financiera”: el Tesoro devuelve, en su caso y mucho después del abono de los pagos fraccionados, la cuota diferencial a favor del contribuyente sin liquidar intereses (salvo que devuelva fuera de plazo, aunque la equidad fiscal nunca será completa). El Real Decreto-ley 2/2016 obliga a los contribuyentes a ser banqueros-esclavos de Hacienda, resultando negativa su tasa de rentabilidad por el capital prestado. En suma: los pagos fraccionados erosionan el derecho de propiedad de las empresas y, por tanto, el ámbito de su libertad. Los efectos perniciosos del sistema de pagos a cuenta (pagos fraccionados y retenciones), como he señalado antes, no se limitan a las personas jurídicas. También las personas físicas son víctimas propiciatorias del Tesoro Público. Las devoluciones del IRPF realizadas por la Agencia Tributaria en 2018 (período 2017) ascendieron a un importe de 9.327 millones de euros y afectaron nada menos que a 13,5 millones de contribuyentes. Y las cifras van en aumento. Hace unos días, en la presentación de la campaña del año 2019 (IRPF de 2018), el director de la Agencia anunció a los periodistas la previsión oficial de devoluciones: un importe total de 10.468 millones de euros, que recibirán 14,31 millones de declarantes. El daño que sufren las familias españolas, por el coste de oportunidad ocasionado por Hacienda, resulta insoportable.

Coda. En apenas tres meses (septiembre-diciembre de 2016) el Estado español perpetró dos “delitos” sucesivos: primero el de hurto y luego el de robo con intimidación legal. Sus responsables no están detenidos pero si completamente identificados: Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. El mencionado en primer lugar es responsable por una actividad positiva: la aprobación de los decretos leyes 2/2016 y 3/2016, este último -del que aún no había hablado- aprobado el 2 de diciembre. Pedro Sánchez es cómplice de su antecesor, por omisión: ha podido derogar los decretos citados y no lo ha hecho.

El artículo 3 del Real Decreto-ley 3/2016 ha limitado drásticamente la cuantía de las reducciones legales de la base imponible para las sociedades con una cifra de negocios superior a veinte millones de euros anuales. Con la intención, en sintonía con el Real Decreto-ley 2/2016, de ajustar la cuota tributaria final del IS al importe de los pagos fraccionados. Mediante ese sencillo truco, el importe de la devolución al contribuyente -como consecuencia de la subida de los pagos fraccionados- disminuye de manera notable e irreversible. Se intenta justificar así “la bondad” del Real Decreto-ley 2/2016 traspasando al contribuyente una calamidad muy superior. Se trata de un expolio fiscal. Se comete, un día sí y otro también, una expropiación estatal gratuita porque el Tesoro consigue evitar el pago de la indemnización de un grave daño patrimonial.

Tribuna | Garantizar la seguridad de las redes 5G en Europa

Medios

Mercados | El petróleo se dispara a máximos del año por la presión de EEUU sobre Irán

Medios

Industria | Suspenso al 'Plan E' de la Industria: la AIReF denuncia que el Estado pierde ya 439 millones en ayudas erróneas

Medios

Ajuste de cuentas | El pensamiento realquilado

Medios

Dinero fresco | Objetivo: colocar 800.000 millones de deuda pública tras el 28-A

Medios

28-A | Silencio político ante la próxima crisis que amenaza a España

Medios

Análisis | Incertidumbre y menos crecimiento

Medios

Análisis | Incertidumbre y menos crecimiento

Medios

La economía que viene | Llega el 'gallinero' para viajar de pie en los aviones

Medios

Elecciones 28-A | Los 'comunes' plantean una tasa sobre transacciones financieras que revierta en las pensiones

Medios

5G | La CIA acusa a Huawei de haber sido financiado por el ministerio de seguridad chino

Medios

La Semana Santa del récord de huelgas se queda en nada

Medios

Dejar Comentario