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Áncash: fiscalía superior del Santa investiga a jueces que vieron caso La Centralita

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La Primera Fiscalía Superior Penal del Santa inició una investigación contra los jueces Richard Concepción Carhuancho y Susana Quispe Trujillo, que vieron el caso La Centralita en el 2014, por los presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad, falsedad genérica y detención ilegal.

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Las pesquisas se realizan luego de que la Fiscalía Suprema de Control Interno ordenara, el 15 de marzo del 2018, que la Oficina de Control Interno (OCI) de la Fiscalía del Santa emita un nuevo pronunciamiento respecto a la denuncia que interpuso el ex gobernador regional César Álvarez Aguilar contra los magistrados mencionados y que se aperture una investigación preliminar.

El sentenciado César Álvarez sustentó que los magistrados “abusando de sus cargos y atribuciones habrían cometido un acto arbitrario en perjuicio de su persona” ya que la jueza Susana Quispe se inhibió del conocimiento del caso con el fin de enviar el proceso al Tercer Juzgado de Investigación que dirigía Richard Concepción, quien dictó prisión preventiva contra Álvarez y otras 49 personas más por asociación ilícita para delinquir y otros delitos.

Vale indicar que la magistrada alegó que al haber participado de una capacitación en el extranjero financiada por el Gobierno Regional de Áncash se podía dudar de su imparcialidad, pero la defensa de Álvarez rebate que esa causa no fue suficiente para apartarse del proceso porque Carhuancho también acudió a ese curso y cuestionó que no se les notificó de manera formal la resolución de inhibición y que Concepción no fundamentó por qué se avoco al caso.

Sin embargo, el 24 de marzo del 2017, la OCI del Santa rechazó la denuncia contra los jueces Richard Concepción Carhuancho y Susana Quispe Trujillo, del Tercer Juzgado de Investigación y Cuarto Juzgado de Investigación de la Corte del Santa, respectivamente, porque determinó que no incurrieron en ilícitos penales.

Sobre el delito de prevaricato, abuso de autoridad y falsedad genérica, la OCI del Santa consideró que inhibirse o avocarse al conocimiento de un caso no constituye un delito, sino se trata de una decisión basada en la autonomía funcional de cada magistrado, que las decisiones de los magistrados devienen de la independencia de sus actuaciones jurisdiccionales y no se advirtió que los magistrados hayan alteraron la verdad intencionalmente respecto a la inhibición de la jueza.

En cuanto a la detención ilegal que se le imputa solo a Concepción Carhuancho, no se advirtió que el magistrado maliciosamente o sin motivo legal haya dispuesto el internamiento del denunciante, ya que, al existir un pedido de prisión preventiva, el magistrado actuó dentro de sus funciones.

Sin embargo, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, vinculado a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, según una investigación del Ministerio Público, determinó que la resolución que declaraba nulidad de la demanda de Álvarez contra los jueces no fue debidamente motivada.

El entonces titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno sostuvo que la disposición de la OCI del Santa fue emitida “sin contar con los medios probatorios idóneos para establecer responsabilidad penal de parte de los jueces denunciados”.

No obstante, de acuerdo a los documentos que tuvo acceso El Comercio, el 20 de junio pasado, la fiscal superior Cecilia Zavaleta Corcuera, titular de la Primera Fiscalía Superior Penal del Santa, dispuso que se amplíe a 60 días el plazo de investigación preliminar contra los jueces Richard Concepción y Susana Quispe; que se tomen declaraciones de algunas personas y se pida el descargo de los investigados en un plazo de cinco días hábiles.

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