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México

Aprueba el Senado “muerte civil” para servidores públicos, por actos de corrupción

La muerte civil busca que los funcionarios mexicanos que dañen el erario sean inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos.

El Senado aprobó con 110 votos la reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal, en materia de inhabilitación definitiva y temporal a servidores públicos y personas físicas y morales cuando incurran en faltas administrativas graves.

Aprueba el Senado “muerte civil” para servidores públicos

Las modificaciones planteadas en el dictamen de las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos, Primera, establecen la llamada “muerte civil” a los servidores públicos de México que realicen actos de corrupción.

A través de un comunicado, los legisladores indicaron que se modifica el artículo 78 para imponer la inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, cuando los servidores públicos incurran en una falta grave, establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

También se plantea la inhabilitación temporal para cuando no se hayan causado daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, y una sanción de tres meses a un año de inhabilitación.

La sanción podrá ser de uno y hasta 10 años, si el monto de la afectación no excede 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Senado mexicano aprueba la muerte civil para funcionarios corruptos.

La iniciativa busca que los funcionarios que dañen el erario sean inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos.

A propuesta del senador Miguel Ángel Mancera, el Pleno aprobó modificar el dictamen, por 102 votos, y añadir: Procederá la inhabilitación definitiva si el monto de la afectación de la falta administrativa grave excede mil 500 veces el valor diario de la UMA.

Las faltas administrativas graves de los servidores públicos son: cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia.

Los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves, son: soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias para inducir a la autoridad, utilización de información falsa, obstrucción de facultades de investigación, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de ex servidores públicos.

Las modificaciones fueron remitidas a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.

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