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Economía

Cataluña | Los independentistas se blindan en la Cámara monopolizando el comité ejecutivo

La candidatura de la ANC que por mayoría presidirá la institución defienden la capacidad de su equipo para gestión el ente cameral con «unos intereses muy distintos a los que se han defendido hasta ahora»

El empresario Jesús Serra, de Ràpid i Segur, con la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, esta mañana en rueda de prensa. ANTONIO MORENO

La candidatura independentista de la ANC que controlará dos tercios del Pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona después de obtener por sufragio la mayoría de las vocalías -31 sobre 40 escaños- designará la próxima semana a la totalidad de los componentes del comité ejecutivo de la institución, integrado por 12 personas.

Los miembros de la lista ganadora Eines de País defiende que «cuando alguien gana y por mayoría debe gestionar y gobernar», según el portavoz de la candidatura Jesús Serra, que ha accedido al Pleno de la Cámara como representante de la firma Ràpid i Segur dentro del epígrafe del sector de la construcción en el que le ha arrebatado el escaño a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

A pesar de asegurar que han llegado a la Cámara «para trabajar de manera inclusiva porque hay trabajo para todos» y de que están abiertos a «trabajar con todas las personas que compatibilicen con nuestros objetivos, con voluntad de país», también han admitido que no les consta que de las restantes candidaturas o de los miembros del Pleno que han hecho una aportación económica voluntaria para estar presentes en la Cámara haya alguien interesado en entrar en el comité ejecutivo, el órgano de gestión y administración de la entidad.

«Tenemos 17 personas de nuestra candidatura que se han ofrecido y creemos que tienen la capacidad de forma parte de este comité ejecutivo. El día 22 intentaremos escoger, además, a una de estas personas como presidenciable», ha explicado Jesús Serra y ha reconocido que en estos momentos hay cuatro candidatos a la presidencia. Unos de los compromisos de Eines de País es configurar una presidencia colegiada «y vamos a complirlo» ha dicho Serra, para lo cual se elegirá a un presidente para los dos próximos años y al finalizar su mandado asumirá el cargo una empresaria. Para aplicar esta fórmula debería procederse a una reforma de los estatutos internos de la entidad, «algo en lo que también trabajaremos», ha añadido Serra.

A los nuevos dirigentes independentistas no les preocupa en exceso la futura financiación de la Cámara, porque fían a la prestación de servicios «que sí interesen al tejido empresarial catalán» el grueso de sus ingresos. Respondió así Serra sobre los posibles problemas de financiación que podrían surgirle a la Cámara si no cuenta con las aportaciones voluntarias de las grandes corporaciones empresariales -en la actualidad hay 14 escaños ocupados por Abertis, Banco de Sabadell, Banco Mediolanum, CaixaBank, Criteria Caixa, Deloitte, Indra, Magma Diseeny, Naturgy, Pricewaterhousecoopers, Promotora Kasde, RACC, Damm y Sociedad Genral de Aguas de Barcelona- o si no recibe fondos europeos a través de los programas que diseña, gestiona y controla la Cámara de España por falta de «lealtad institucional» como avanzó ayer a EL MUNDO el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet.

En este sentido Serra ha asegurado que las declaraciones de Bonet «ya son por sí solas una muestra de cómo funcionan ahora las Cámara de Comercio en España» y que lo que van a hacer desde la de Barcelona es cambiar esta situación.

La lista ganadora «trabajará por el país sin miedo a las represalias» y con el objetivo de «hacer de Cataluña el país con más bienestar y riqueza de Europa, lo que estamos convencidos de que no es posible sin la independencia», ha concretado Maria Català, de Bacus Esdeveniments.

A preguntas de los medios de comunicación, esta empresaria -que arrebató la vocalía del epígrafo de servicios empresariales a Enric Crous uno de los cinco candidatos que se presentaron a las elecciones a la presidencia- ha confirmado que en el programa electoral constaba que la institución declare al Rey Felipe VI ‘persona non grata’ por su posicionamiento durante los acontecimientos del 1-O y que «se ejecutará dentro de estos 4 años, pero no es nuestra prioridad», ha dicho Maria Català.

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