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Economía

Competencia descalifica la ley que prohíbe los vehículos diésel

El presidente del PP balear, Biel Company, en una sesión parlamentaria. JORDI AVELLÀ

Afirma que tendrá efectos negativos en todo el sector de la automoción, mecánica, ‘rent a car’ y distribución de carburantes

Company exige al Govern que retire hoy la Ley de Cambio Climático

La Ley de Cambio Climático y Transición energética de Baleares que debate hoy el Parlament ha topado con un obstáculo inesperado, la carta dirigida por el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, al presidente de la Cámara autonómica Baltasar Picornell. En esta carta la Comisión cuestiona la mencionada ley por los efectos negativos que tendrá en la economía la prohibición, a partir de 2025, de la circulación de motocicletas y turismos que utilicen diésel como combustible.

El presidente de la CNMC asegura tener como objetivo «garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en los mercados, en beneficio de los consumidores y usuarios». En este sentido añade que «la prohibición de determinados modelos de vehículos tendrá un efecto negativo sobre la competencia en múltiples actividades como la venta de vehículos, la distribución de carburantes en estaciones de servicio, las actividades de reparación de vehículos o de alquiler de vehículos, entre otros, y todo ello en detrimento de consumidores y usuarios».

Explica Marín que la medida «parece no ajustarse a los principios de buena regulación» porque «no parece que concurran criterios de prudencia y razonabilidad en la norma proyectada, ya que no se aportan datos que relacionen la eficacia de la prohibición con una efectiva cuantificación de la reducción de la contaminación». Añade que la ley presenta aspectos «sustancialmente discriminatorios» al contemplar que los vehículos diésel puedan seguir circulando si cumplen una misión de servicio público o si presentan un criterio de radicación previa en el territorio.

Finalmente, critica que no se ofrezca un análisis de alternativas que pudiera «justificar la decisión tomada», así como «medidas menos gravosas como peajes, limitaciones geográficas por zonas específicas de las Islas o limitaciones horarias a la circulación».

Tras conocer esta carta de la CNMC, el presidente del PP balear, Biel Company, pidió ayer a la presidenta al Govern, Francina Armengol, y al presidente del Parlament, Baltasar Picornell, que dejen en suspenso el debate y votación de la Ley de Cambio Climático. Company exigió que se retire del orden del día una norma que «no es una ley pionera, sino una ley suicida para la economía y el empleo en el sector de la automoción».

La Ley de Cambio Climático, que en principio debe aprobar hoy el Parlament, es una de las principales iniciativas del Govern balear en esta legislatura. Los puntos clave del proyecto de ley son el impulso de las energías renovables, el cierre paulatino de las centrales térmicas más contaminantes de Baleares (Es Murterar en Mallorca y la de Mahón), avanzar en la transición hacia un modelo de transporte más sostenible y ganar cada vez más en eficiencia energética.

El horizonte que fija el proyecto de ley para Baleares se inspira en los Acuerdos de París y establece que las Islas estén libres de combustibles fósiles y con un cien por cien de energía renovable en 2050.

La norma balear fija un objetivo intermedio, con un plazo más corto en 2030, cuando un 35 % de la energía en Baleares deberá ser renovable, frente al 2 % actual. De todos modos hay proyectos en tramitación que permitirían llegar a un 10 %, un 20% en Menorca, con una mejora de la eficiencia energética y una reducción del consumo del 23 % y la consiguiente reducción de emisiones contaminantes de CO2 del 40 %.

La diputada de Més, Joanaina Campomar, señaló que la Ley de Cambio Climático es la «culminación de un trabajo realizado por el Govern desde el primer día» e hizo hincapié en que la norma «es una herramienta fundamental para continuar con esta lucha y conducir a unas Islas 100 por cien limpias». Aseguró que la norma «puede mantener el equilibrio entre la garantía de los puestos de trabajo y la defensa del medio ambiente».

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