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Chile

Crisis social: CDE ha estudiado 1.059 causas y más de la mitad son por posibles vulneraciones a DDHH

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Desde el 18 de octubre de 2019, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha estudiado un total de 1.059 causas judiciales derivadas de la crisis social, de las cuales 583 se refieren a eventuales vulneraciones a los derechos humanos.

Según informa este lunes La Tercera, a tres meses del comienzo de las protestas, el organismo que vela por los intereses del Fisco ha revisado 209 casos en los ámbitos civil y contencioso administrativo. 

Entre ellos, se han presentado 110 acciones constitucionales para impugnar las declaraciones de estado de emergencia y toques de queda. De ellas, 19 fueron declaradas inadmisibles y 67 terminaron por sentencia en las que se rechazó la pretensión de los recursos.

Además, se han presentado 76 acciones constitucionales que cuestionan la legalidad del uso de armamentos no letales u otros elementos disuasivos en el marco de las protestas, y de ellas han concluido 22. Y, de esas finalizadas, 21 se consideran favorables al interés fiscal (dos terminaron por incompetencia del tribunal, ocho fueron declaradas inadmisibles y 11 rechazadas).

Adicionalmente, se han interpuesto 23 recursos de protección presentados por comercios o negocios, los que pidieron resguardo. En nueve de ellos, el CDE obtuvo resultados favorables y hay 14 que todavía están en tramitación.

Más de 800 causas penales: 583 por casos de DD.HH.

En el área penal han seleccionado 850 asuntos derivados de las protestas. De ese total, 267 son casos relacionados con daños a bienes, patrimonio y/o infraestructura pública. De éstas 77 cuentan con autores identificados por estos hechos.

Y de las 583 investigaciones referentes a presuntas vulneraciones a los derechos humanos, 372 denuncias corresponden a apremios ilegítimos.

De ellos, 133 son por abusos contra particulares, 35 por lesiones, 19 por torturas; siete por homicidio, cuatro por violencia innecesaria, tres por homicidios frustrados, dos por daños a particulares, y otras dos por allanamiento ilegal y obstrucción a la Justicia, respectivamente, consigna el diario matutino.

Completan el universo cinco casos que no han podido ser calificados, por no contar con información suficiente.

Más de 170 casos de «extrema gravedad»

Luego de una revisión preliminar, el CDE seleccionó 171 asuntos, categorizados como de «extrema gravedad» -como homicidios, torturas y apremios-, para los que se impartieron instrucciones a las procuradurías fiscales a fin de que pidieran las carpetas investigativas al Ministerio Público, con el objetivo de contar con los antecedentes en caso de que decidan querellarse, informa La Tercera.

En ese sentido, la presidenta del organismo, María Eugenia Manaud, dijo al rotativo que «corresponde que el CDE estudie acabadamente cada caso con el propósito de defender el interés público. Ello solo puede ser concretado por el servicio una vez que dispone de antecedentes suficientes que le permiten llegar a ese convencimiento, y para ello estamos trabajando».

Hasta ahora, el Consejo de Defensa del Estado ha presentado tres querellas por eventual violación a los derechos humanos y ya se decidió ingresar a los tribunales una cuarta por hechos de este tipo. Esta última se trata del caso de Álex Núñez, fallecido tras recibir una golpiza que -según investiga la fiscalía- habrían sido ocasionada por Carabineros.

En el ámbito de ataques a la propiedad pública y/o de valor histórico, en tanto, el CDE interpuso una querella por dos incendios ocurridos cerca de Plaza Italia el 12 de noviembre, y el viernes pasado presentó otra por daños a la estatua del general Baquedano.

Además, ya decidió presentar una acción legal por la quema a la iglesia San Francisco de Borja, «por entender que los hechos investigados revestirían el carácter del delito de que se trata, y que ha afectado a un monumento nacional». 

CDE ante posibles demandas indemnizatorias

Según La Tercera, uno de los escenarios que visualiza el consejo es que los ciudadanos afectados por el actuar policial y en los que el consejo se ha querellado podrían más adelante presentar demandas indemnizatorias. En esta última situación, el rol del CDE será la defensa de los recursos públicos.

La presidenta del consejo explicó que ambos puntos son intereses prioritarios para el Estado y dijo que es tarea del CDE defenderlo «con idéntica convicción». «Al Estado le asiste la promoción y defensa de los derechos humanos, por lo que perseguirá con firmeza a quienes los vulneren, así como requiere que se resguarde el patrimonio público que pertenece a todos los ciudadanos y habitantes», afirmó.

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