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Los separatistas juegan al desgaste. Buscan el punto ciego del carril por el que circulan las instituciones

El diputado de ERC Oriol Junqueras en el pleno de constitución de las Cortes. Pool Getty Images

Las democracias se resienten cuando no calibran las amenazas que se ciernen sobre ellas. En parte puede ser por desistimiento de quienes están llamados a defender la democracia desde las instituciones; en parte, desorientación; o exceso de celo o cálculo político; o vértigo. O entenderla mal y asumir que la democracia es sólo un disolvente del conflicto y que la misión del político es evitarlo a toda costa. Si así fuera, la posición dominante sería siempre la de quien no tiene reparo ni límite en buscar enfrentamiento y abocar a la sociedad a una situación de tensión permanente. La democracia incorpora mecanismos para regular el conflicto, encauzarlo por vías pacíficas y regladas y precisamente impedir el abuso, atropello y tiranía de quienes someten a las instituciones a un test de estrés cotidiano hasta que consiguen cortocircuitarlas.

Los separatistas juegan al desgaste. Buscan el punto ciego del carril por el que circulan las instituciones. Por eso la sociedad, sus funcionarios y políticos tienen que tener las ideas muy claras. Un principio motriz que incluye el decálogo de medidas de protección de la libertad es que la democracia debe emplear todos los instrumentos legales y doctrinales a su alcance para defenderse de sus enemigos, sin remilgos ni paliativos. Para lo cual es de Perogrullo identificar a los enemigos. Si los enemigos de la democracia son vistos como potenciales, circunstanciales u ocasionales aliados, la democracia ha comenzado su repliegue. Una dictadura silenciosa es un régimen en el cual las instituciones y los recursos para garantizar la libertad e igualdad de los ciudadanos están pero no funcionan o no se utilizan porque la sociedad interioriza y asume la situación de dominio y servidumbre respecto del que se muestra dispuesto a desafiar y saltarse las normas. El gallito doblega al biempensante y meticuloso y subvierte el orden sin violencia aparente.

El Tribunal Supremo evitó pedir el suplicatorio para suspender a los políticos en prisión preventiva acusados de rebelión, sedición y malversación porque el auto de procesamiento era ya firme y el juicio estaba en marcha. El Supremo evitó abrir una vía de agua en el proceso. Fio la suspensión al Congreso, cuya presidenta considera que el auto último del Supremo se ceñía a la toma de posesión y que, en su caso, para proceder a la suspensión de estos diputados falta el requisito de solicitud de autorización y suplicatorio. Eso, o la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como pide la Fiscalía.

La democracia no sufre por la dilación si implica amarrar el principio obligatorio de su legítima defensa frente a los peritos en demolición; padece si los demócratas conjeturan con la cuestión sin observar ni pronunciarse sobre lo obvio: hay auto firme de procesamiento, prisión preventiva y acusación del delito de rebelión. Las tres circunstancias parecen razonablemente incompatibles con el ejercicio de tan noble aunque baqueteado cargo público. En los mínimos detalles despunta la importancia de la acusación por rebelión. Sin ella, hoy la democracia habría perdido otra batalla, inmersa en la duda entre defenderse o condescender.

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