Ejecutan a los barzonistas Ramón Hernández Nevárez y Anselmo Hernández Andujo, padre e hijo

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los barzonistas Ramón Hernández Nevárez y Anselmo Hernández Andujo, padre e hijo, fueron ejecutados la noche de ayer en el municipio de Namiquipa, Chihuahua, luego de denunciar amenazas por la disputa de tierra y agua en huertas manzaneras.

Ambos viajaban por el tramo carretero que conduce del campo menonita número 101 a la comunidad de Flores Magón, cuando a la altura del kilómetro 60 fueron interceptados por sujetos armados que les dispararon.

De acuerdo con los líderes barzonistas Eraclio Rodríguez –candidato a diputado federal por el Distrito 7– y Joaquín Solorio Urrutia, las víctimas pertenecían a El Barzón y habían recibido amenazas relacionadas con la pugna por el agua y la tierra, situación que denunciaron con tiempo al fiscal general César Augusto Peniche Espejel.

Padre e hijo se dirigían a su rancho en Namiquipa al momento de ser asesinados. A ese hecho se suma una serie de amenazas contra integrantes de El Barzón de la misma región noroeste, entre ellos Martín Solís y el mismo Eraclio Rodríguez, así como campañas de odio lanzadas en redes sociales, principalmente por parte del abogado de la familia LeBarón, Raúl Aragón, refirió Solorio.

A su vez, Rodríguez responsabilizó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a Peniche Espejel y a la Comisión Estatal de Seguridad, de ser omisos ante las denuncias que han presentado por amenazas, incluidas las que recibieron Hernández Nevárez y Hernández Andujo.

Con el asesinato de sus compañeros, abundó Joaquín Solorio, volvieron a revivir los homicidios de su hermano Ismael Solorio Urrutia y la esposa de éste, Martha Manuela Solís Contreras, ocurridos el 22 de octubre de 2012 en la carretera a Cuauhtémoc.

El matrimonio también lideraba la lucha por el agua en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura en la región noroeste, zona controlada durante más de una década por el grupo delictivo La Línea y ahora disputada por el cártel de Sinaloa.

“Los tres niveles de gobierno ya deben asumir su responsabilidad y dejar de politizar el problema de inseguridad que vivimos. Javier Corral ha utilizado la Fiscalía General del estado para la investigación de César Duarte (el exgobernador prófugo) y a las víctimas nos ha maltratado su gobierno. No hay interlocución con el fiscal general. Sigue la impunidad en todos los demás casos, sólo el de Duarte se atiende”, señaló a Apro Joaquín Solorio.

Añadió: “El estado tiene la obligación de agotar todas las líneas de investigación, porque es coincidente cómo, cuando el asesinato de Ismael y Manuelita, amenazaron de muerte a Martín Solís y a ‘Yaco’ (Eraclio Rodríguez). Luego, ahora vuelven a amenazar a Martín y a ‘Yaco’ y la agresión se da a otros compañeros que no son visibles”.

Según fuentes extraoficiales, Ramón Hernández tenía conflicto con su hermano José Evert Hernández Nevárez –capturado durante un operativo y posteriormente liberado–, presuntamente cercano al grupo delictivo que lideraba Carlos Arturo Quintana, “El 80”, detenido el mes pasado.

En un comunicado de prensa, el fiscal general informó que se trabaja de manera intensa para esclarecer el homicidio de los dos integrantes de El Barzón, cuyos cuerpos sin vida fueron localizados la noche de ayer en la comunidad de Santa Clara, municipio de Namiquipa.

“Lamentamos profundamente esta pérdida y reiteramos el compromiso de investigar, como en todos los casos, a fin de capturar al o los responsables de este hecho. En la averiguación se han integrado informes y entrevistas de miembros de la comunidad, las cuales vamos a considerar y corroborar”, puntualizó.

Peniche Espejel aseguró que la Fiscalía no tiene denuncia previa de las víctimas por el delito de amenazas, e incluso se pudo constatar que no contaban con medidas cautelares o servicio de escoltas, acotó.

El Barzón dio a conocer que las víctimas eran originarias del ejido San Gerónimo, antes Campo Santo. En el caso de Ramón Hernández –puntualizó–, era líder agrario de su comunidad; encabezó las demandas y denuncias en materia agraria, y en los últimos años se sumó a la lucha por la defensa del agua en la cuenca del Río del Carmen y contra el control de grupos armados en la región.

“Como consecuencia de las reiteradas denuncias para solicitar la intervención de la autoridad, Ramón Hernández y su familia recibieron amenazas, situación que fue informada a la autoridad en días previos y que concluyó con un operativo realizado el pasado 23 de mayo”, informó la organización campesina.

Prosiguió: “La Fiscalía General del estado dio a conocer de manera oficial que mediante una orden de cateo en la que participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Comisión Estatal de Seguridad en la localidad de San Gerónimo, municipio de Namiquipa, se aseguró equipo táctico, armas de fuego, dos pick ups y se detuvo a una persona”.

Esa persona fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público, quien turnó el caso ante un juez federal, pero éste lo puso en libertad.

“Se desconoce si estaba o no vinculada a proceso por las armas que le fueron aseguradas. Al parecer, esta determinación del juez se realizó con base en las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales que limitan la prisión preventiva a sólo algunos casos”, indicó la organización campesina en un comunicado.

Y consideró que, con esos elementos, el asesinato de sus dos compañeros se cometió en represalia a las denuncias y por la liberación de la persona detenida.

De igual manera, sostuvo que el crimen organizado continúa operando en libertad, e incluso controla diversas zonas de la entidad, y solicitó “una investigación oportuna, exhaustiva, imparcial y con la debida diligencia para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables” del asesinato de Ramón Hernández Nevárez y Anselmo Hernández Andujo.

También demandó que se garantice la seguridad en la región y la presencia permanente de las fuerzas de seguridad pública para proteger a las personas que ahí se encuentran.

Finalmente, exigió que se investigue la actuación de jueces federales que han puesto en libertad a delincuentes.

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