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España

El Congreso convalida la derogación del artículo que permite despedir por faltar reiteradamente al trabajo

El Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles por 207 votos a favor, 52 en contra y 91 abstenciones, el real decreto-ley por el que se deroga el artículo 52.d. del Estatuto de los Trabajadores, que permite el despido objetivo por faltar reiteradamente al trabajo, aunque sean faltas justificadas. 

La Cámara Baja ha aprobado tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia con 328 votos favorables.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha acudido al Pleno a defender la derogación de este precepto legal del Estatuto de los Trabajadores, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 19 de febrero.

Díaz ha explicado que la posibilidad de echar a un trabajador que se ausente de su puesto de trabajo, aunque esté justificado, ya existía antes de la reforma laboral de 2012. Sin embargo, con esa normativa se eliminó la demostración de que la empresa “estaba sufriendo perjuicio relevante por absentismo” y se mantuvo la posibilidad de despedir por acumulación de bajas. “Se facilitó que pudiera usarse esta causa”, ha destacado la ministra.

Díaz ha aseverado que no se puede despedir a nadie por «ausencias justificadas” y que los derechos fundamentales «no se pueden tocar y no están sujetos a negociación”.

A juicio de la ministra, la derogación del artículo 52.d. supone terminar con “una anomalía española en el ámbito laboral” y acomodar la legislación nacional a la europea.

Además, “no tiene sentido” porque se presume fraude en los afectados y en el sistema de bajas médicas. “Si forzamos a personas enfermas a que vayan a trabajar, podemos provocar el efecto contrario y que el número de bajas acabe siendo muy superior”.

Trabajadores en una imagen de archivo

Díaz ha afirmado que se ha producido un incremento “drástico” en el uso del despido por faltas de asistencia y que el citado artículo “ni es adecuado para combatir el absentismo ni tiene límites para garantizar su proporcionalidad”. A ello se suma que “perjudica a las personas más vulnerables, particularmente a las personas con discapacidad y con enfermedades crónicas”.

La ministra ha concluido destacando que la derogación del 52.d. era “el primer compromiso” en el acuerdo programático de Gobierno y ha puesto en valor que “un mes después de haber tomado posesión hemos cumplido”. “Hoy más que nunca derecho a la salud, derecho y responsabilidad para que las personas enfermas no propaguen su enfermedad”, subrayó.

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