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España

El Congreso refuerza la seguridad por si Puigdemont aparece por sorpresa para acreditarse como eurodiputado

Hoy están citados los 54 eurodiputados electos para acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central

Carles Puigdemont, junto a Quim Torra, en un acto preelectoral delante del edificio de la Comisión Europea en Bruselas. Emmanuel Dunand AFP

Nadie quiere asumir riesgos y menos aún en el Congreso de los Diputados, donde esta misma mañana, a las 12.00 horas, están citados los 54 eurodiputados electos para acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central, un paso inexcusable para adquirir la condición de parlamentarios en la Cámara de Estrasburgo. El palacio de la carrera de San Jerónimo ha reforzado la seguridad en prevención de que se produzca lo que nadie considera posible: la aparición sorpresa de los prófugos Carles Puigdemont y Antoni Comín, ambos electos en la candidatura de Junts, Lliures per Europa.

Hay un número significativamente mayor de efectivos policiales en las diferentes puertas de la Cámara, principalmente en la verja de acceso al patio de Floridablanca situada junto a la escalinata de Los Leones, y varios furgones en las distintas entradas. Un despliegue preparado ante una «amenaza fantasma» porque las posibilidades de que el huido de la justicia y su inseparable compañero, fugado también, hagan acto de presencia son nulas.

Carles Puigdemont, residente en Waterloo desde su fuga el 30 de octubre de 2017, está citado hoy en el Congreso, pero si regresara a España para cumplir con los requisitos electorales sería detenido de inmediato. El cordón policial de la Cámara Baja sería el último obstáculo a superar, porque previamente el prófugo tendría que entrar en territorio nacional sorteando la vigilancia que también existe en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. De lograrlo, lo suyo sería una gesta en toda regla.

Pese a todo, el Congreso no se arriesga y ha adoptado medidas de prevención. Por si salta la sorpresa.

Tampoco podrá oficializar su condición de eurodiputado Oriol Junqueras, preso preventivo acusado de rebelión y a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo. El líder de ERC no ha conseguido el visto bueno del alto tribunal para cumplir con los trámites de acatamiento constitucional y posterior entrega de credenciales en la Eurocámara para lograr el acta de eurodiputado. De haberlo logrado habría adquirido una inmunidad que sólo podría levantarse solicitando un suplicatorio al Parlamento Europeo.

El resto de electos, a excepción de Josep Borrell -que cumplirá con los trámites el jueves- y alguno más, tendrán que acatar la Constitución ante la JEC y en esta ocasión sus fórmulas de promesa o juramento serán medidas milimétricamente para evitar que incluyan condicionantes que hagan dudar de su veracidad. Se admitirá, no obstante, la fórmula de acatamiento «por imperativo legal» porque en definitiva es, guste o no, una forma evidente de aceptar el mandato de la ley.

«Vulneración de derechos políticos»

Los eurodiputados electos Diana Riba (ERC) y Pernando Barrena (Bildu) han denunciado la «vulneración de derechos políticos» que, en su opinión, perpetra el Estado español al impedir que Junqueras, Puigdemont y Comín cumplan los trámites para recoger el acta de eurodiputado.

«El poder judicial niega el permiso a Junqueras» y eso es «una flagrante vulneración de derechos que no tiene en cuenta los procedimientos del Parlamento Europeo, los Tratados de la UE y los acuerdos internacionales que protegen los derechos civiles y políticos», ha afirmado Riba.

«Dos millones de ciudadanos europeos no podrán ser representados por esos políticos a los que escogieron, así pues hay que ver si el 2 de julio el Parlamento Europeo pasa a ser una Cámara no legislativa al no tener todos los diputados escogidos en el Estado español».

Barrena por su parte ha calificado la situación de «fraude electoral» y «burla» a esos «más de dos millones de personas que les escogieron y ahora ven cómo su voluntad no es respetada».

Finalmente Ana Miranda, electa por el BNG, ha insistido en la acusación de «vulneración jurídica» y ha asegurado que se presentará una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y llegará a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.

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