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El Gobierno de Nicaragua debe dejar de reprimir, arrestar y criminalizar a los opositores políticos

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El pasado 14 de noviembre, ocho personas con familiares encarcelados por oponerse al Gobierno de Nicaragua más una mujer que se les unió empezaron una huelga de hambre dentro de la iglesia de San Miguel en la localidad de Masaya, pidiendo la liberación de 130 individuos presuntamente detenidos por haber participado en protestas.

La policía rodeó el edificio, en el que también se encontraban un sacerdote y tres personas más. Poco más tarde, las fuerzas públicas cortaron los servicios de agua y electricidad y no permitieron la entrada de quienes intentaron llevar suministros humanitarios, incluidas dosis de insulina para el cura, que es diabético.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos denunció estos hechos y llamó a las autoridades nicaragüenses a asegurar las garantías fundamentales de estas personas.

El portavoz de la Oficina expresó este martes en una conferencia de prensa en Ginebra, la preocupación de esa dependencia por la situación de los que se encuentran dentro de la iglesia y por los que intentaron entregarles asistencia.

Imputaciones graves

“Nos inquieta mucho también que otro grupo de miembros de la oposición hayan sido detenidos por llevar ayuda humanitaria y que se les haya acusado de cargos delictivos graves”, dijo Rupert Colville.

Los cargos que se les imputaron tienen que ver con tráfico de armas. La ONU advirtió que estas acusaciones sean un intento de sofocar la disidencia.

Según las informaciones de esa dependencia, los detenidos serían 13 y entre ellos están algunos defensores prominentes de los derechos humanos, como Amaya Coppens y Olga Valle.

Coppens es una líder estudiantil de la carrera de medicina con nacionalidad belga-nicaragüense que fue detenida ocho meses por protestar, se le liberó el 11 de junio de este año bajo la Ley de Amnistía.

“Su detención podría considerarse una represalia por hablar de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y por acudir a funcionarios y mecanismos de la ONU. Amaya estuvo recientemente en la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra”, informó Colville.

Agregó que los abogados de Coppens y de los otros doce detenidos afirman que no se ha respetado el debido proceso.

Catedral de Managua

Por otra parte, el portavoz señaló que el lunes de esta semana ocho personas empezaron otra huelga de hambre dentro de la catedral de Managua para pedir la liberación de todos los detenidos durante las movilizaciones de protesta. Los huelguistas estaban acompañados por un médico y un niño de once años.

Horas más tarde, decenas de «elementos progubernamentales» irrumpieron en el recinto religioso y atacaron con piedras a estas personas, así como a un sacerdote y una monja, mientras la policía que cercaba la iglesia los observaba.

“Urgimos a las autoridades a garantizar los derechos de las personas dentro de las iglesias y a no impedir la entrega de alimentos, agua y asistencia médica. Todos los individuos deben poder ejerces sus derechos a la libertad de expresión y asamblea sin miedo a ser atacados. También llamamos a liberar a todos lo que han sido detenidos arbitrariamente y a asegurar que se respeten las salvaguardias legales fundamentales”, subrayó Colville.

El portavoz agregó que el Gobierno debe poner fin a la represión persistente de la disidencia y al patrón actual de arrestos arbitrarios, así como a acusar penalmente a los defensores de derechos humanos, opositores políticos y otras voces disidentes.

Finalmente, reiteró la disposición de la Oficina de la ONU para asistir a Nicaragua en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y para regresar al país si se otorga acceso a sus funcionarios.

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