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España

El Gobierno no exhumará a Franco hasta después de las protestas contra la sentencia del procés

El Tribunal Supremo despejó este jueves completamente el camino para que el Gobierno proceda a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. De esta manera, el Consejo de Ministros podría aprobar este mismo viernes el último decreto necesario para traslado de los restos al cementerio de El Pardo-Mingorrubio, en una ceremonia que el Gobierno quiere que sea «discreta y respetuosa» y que no se convierta en un episodio de exaltación.

Si lo desea, la familia Franco podrá asistir al traslado. Si decide no hacerlo, será informada de la fecha elegida para la exhumación, que es ya la mayor incógnita que queda en este proceso. Se espera que se especifique en el decreto del Gobierno, aunque no se espera que sea en ningún momento de la semana que viene, por coincidir previsiblemente con la sentencia del procés y las reacciones políticas y civiles que pueda desencadenar.

El Gobierno trabaja con la hipótesis de que la sentencia sobre el juicio a los presuntos responsables políticos del proceso independentista se dará a conocer este lunes, 14 de octubre. Será el inicio de una semana en la que se esperan reacciones políticas y en la calle al fallo del Supremo, que terminarán el sábado con la confluencia en Barcelona de las llamadas «Marchas por la libertad» que han convocado las entidades soberanistas en las cuatro provincias.

Solo hasta que no pase, el Gobierno no cuenta con proceder a la exhumación. Los nietos del dictador presentaron ayer un recurso ante el Constitucional para pedir ahora ante este tribunal la suspensión de la exhumación. Es una petición urgente que el Constitucional tardaría en resolver una semana y que no afectaría a los planes del Gobierno, que no se plantea la exhumación hasta la próxima.

No más obstáculos

El Gobierno no espera más obstáculos después de que ayer el Supremo eliminó definitivamente las trabas que todavía ponían los monjes benedictinos del Valle de los Caídos, la Fundación Francisco Franco, el arquitecto cercano a la familia que denunció que no había licencia de obras para levantar la lápida y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caidos.

Aunque cada uno con sus recursos y motivos particulares, en general el Alto Tribunal les comunicó que la sentencia del 30 de septiembre en la que desestimó el recurso de los nietos del dictador contra la exhumación es motivo más que suficiente para eliminar la prohibición de trasladar los restos que decretó como medida cautelar en junio. También, que aunque no fuera una sentencia su respectivos recursos, el efecto de levantar la prohibición cautelar de la exhumación que concendió previa petición de la Abogacía del Estado es firme.

En dos providencias y tres autos, el Alto Tribunal rechazó la vista que reclamaba la Fundación Franco para subsanar el «menosprecio» que considera que le hace el Supremo por permitir la exhumación sin haber resuelto su recurso o la «discriminación» que por precisamente lo mismo le reprochó la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, relacionada con la organización ultracatólica Hazte Oír.

En términos generales, el Supremo dejó claro que su sentencia del 30 de septiembre en la que desestimó el recurso de los nietos de Franco contra el real decreto de la exhumación es suficiente para levantar la prohibición cautelar que había establecido en junio hasta resolver el fondo de la cuestión, independientemente de que hubiera otros recursos, porque afectan a la misma decisión del Gobierno.

Monjes benedictinos

El Supremo también se apoyó en la respuesta que un día antes habia dado a los nietos de Franco, que intentaron de nuevo dilatar el proceso al pedir una «aclaración» sobre si la exhumación podía hacerse aun sin el consentimiento de la comunidad de monjes benedictinos que custodia la basílica del Valle de los Caídos. Sin entrar siquiera a examinar la cuestión, el Supremo respondió que «la sentencia es clara» y que «la aclaración no es necesaria».

El Supremo también rechazó la oposición a levantar la suspensión cautelar que plantearon los monjes benedictinos, cuyo prior había recobrado la víspera un inusitado protagonista por su carta a la vicepresidenta del Gobiern, Carmen Calvo, en la que le comunicaba que no permitiría el acceso al templo para proceder a la exhumación. El Supremo se niega a mantener la suspensión en un auto donde afirma que «la Sala ha dictado una sentencia, ciertamente en otro recurso (…) Sentencia cuyos fundamentos la Abadía Benedictina conoce según se desprende sus alegaciones».

El prior también ha de cumplir la ley

La carta en la que el prior comunicó a Calvo su negativa a permitir el acceso a la basílica circuló ayer del Valle de los Caídos a Moncloa y de Moncloa al Supremo. La Abogacía del Estado la reprodujo en un escrito al tribunal para pedirle autorización expresa para entrar en el templo, ante lo q ue el Supremo reiteró que la decisión de hacer o no cumplir la decisión de exhumar le corresponde solo a él y ya dictó sentencia.

Sin citar al prior, recordó que «el artículo 118 de la Constitución obliga a todos a cumplir las sentencias firmes».

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