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El Grupo de la ONU que sólo sabe condenar: 50 informes, 50 detenciones arbitrarias

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Los datos publicados por el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias reflejan que la práctica totalidad de sus resoluciones detectan prisiones sin justificar. así ha sido en los últimos 50 casos.

El surcoreano Seong-Phil Hong, miembro del Grupo. ONU

A la vista de los antecedentes, la condena a España resultaba previsible: los últimos 50 informes emitidos por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria han resultado condenatorios, es decir, han concluido que el encarcelamiento denunciado había sido «arbitrario». Así se desprende de los datos publicados por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, de la que el grupo depende.

En la página web que ofrece el listado de sus resoluciones no se refleja aún el informe -el nombre preciso es «opinión»- sobre España que califica de «arbitrario» el encarcelamiento de los presos del 1-O Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Oriol Junqueras. A la misma conclusión llegó el grupo en los últimos 50 informes publicados, que afectan casos estudiados en -por orden de más reciente a más antiguo- Venezuela, Tayikistán, Turquía, Bahrein, Rusia, Comores, Kazajistán, Marruecos, Irán, Chad, Eritrea, Australia, Corea del Sur, Filipinas, Camerún, Cuba, Congo, Corea del Norte, México, Vietnam, Guinea Ecuatorial, Gabón, Jordania, Burundi, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Azerbaiyán e Irak. Varios países repiten condenas.

El grupo publica tanto los informes que detectan una detención arbitraria como los que no lo hacen. El último caso de resultado negativo se produjo hace tres años y afectó a Nueva Zelanda, un país que sin embargo ha recibido condenas en otras ocasiones por parte del grupo.

En cuanto a España, desde su creación en 1991 el grupo ha estudiado tres casos previos al del 1-O. En 1999 negó que fuera arbitrario el arresto del etarra Mikel Eguibar Mitxelena. Los otros dos casos fueron condenatorios: la detención del dirigente abertzale Karmelo Landa en 2009 y la de un inmigrante irregular marroquí en 2012.

La normativa del grupo indica que, «con carácter absolutamente excepcional», una opinión «puede» ser revisada en diversas circunstancias, entre ellas que así lo pida el país afectado. Ya lo ha hecho España, que detecta en el informe «errores de bulto» y cuestiona la neutralidad de dos de los cinco miembros del grupo. Se trata de su presidente, el mexicano José Guevara, y del surcoreano Seong-Phil Hong.

Entre otras circunstancias, ambos habían trabajado anteriormente con Ben Emmerson, el abogado y ex relator de la ONU fichado por el ex president Carles Puigdemont, huido de la Justicia española. La reglas del Grupo de Trabajo indican que sus miembros se abstendrán si se examina un caso que afecte a su país «o en otras situaciones en que puedan plantearse conflictos de intereses».

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