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Chile

El manejo de la agenda y la política de las comisiones

No existe política sin adversarios. El perfil propio, sea de Gobierno u oposición, requiere de un trazo nítido de acción que –de tanto en tanto con mayor intensidad– separe posiciones y permita construir la percepción política de los ciudadanos entre adhesión y rechazo. Ello no es un simple derivado ideológico, sino que implica hacer algo que, en lo posible, tensione la realidad y en lo posible, también, la cohesión de la fuerza adversaria. Que la haga entrar en contradicciones internas e incluso permita testear sus discrepancias o poner en evidencia los relieves negativos de su meseta política y doctrinaria. Esto es lo que ha estado haciendo Sebastián Piñera con sus convocatorias a comisiones para los cinco grandes temas  –según el Gobierno– de la política nacional, aprovechando de manera maliciosa el carácter dialógico innegable de la política.

Es natural que, en los inicios de un Gobierno, sea este el que tenga la capacidad de controlar esa agenda, pues se esperan sus propuestas como indicativo de acción, particularmente si la elección previa ha fracturado al bloque político perdedor  o ha emergido una nueva fuerza, sin trayectoria previa y con perfiles aún difusos, como ocurre con la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio. Además, ello se ve favorecido por la capacidad que tiene un Gobierno  de crear y validar interlocutores, en una sociedad que no tiene casi arenas políticas públicas para crear interacciones y confianza política, y que en materia de contenidos mediáticos puede ser fácilmente manipulada.

Es efectivo que la política es esencialmente dialógica, sobre todo en su fase de ejercicio gubernamental, es decir, implica consultas, diálogos y negociaciones para tomar acción gubernamental. Así,  la primera percepción pública sobre una convocatoria al diálogo parecerá siempre positiva, pues nadie puede negarse a dialogar. Hacerlo implica actuar de mala fe, según la percepción popular.

Pero en un país de escasas arenas públicas y fuerte sesgo ideológico, hacerlo de una manera que debilite la única arena con legitimidad democrática, esto es, el Congreso Nacional, resulta malicioso. Más aún si la convocatoria invoca una política de cooperación en la que se han omitido, de manera poco inteligente, ciertas representaciones institucionales que van más allá de la simple descortesía y falta de amistad cívica por parte del Gobierno que convoca. Esto, porque se humilla con un  poder circunstancial, una rutina institucional de un poder como son las Comisiones Legislativas.

Sería precipitado imputar esa falta de finura política a un sesgo autoritario presidencial, orientado a prescindir o deslegitimar el rol institucional del Congreso. En medio del cúmulo de problemas institucionales que enfrenta el país –muchos de ellos de carácter constitucional– es un momento propicio para que la agenda se salga de control y la desconfianza, la intolerancia y la disputa política surjan encarnizadas y se transformen en un callejón sin salida dentro del actual sistema legal. Lo otro es la cooperación efectiva que, al menos de esta convocatoria gubernamental, no se ve.

Las democracias son principios y contenidos, pero también  instituciones y ritos. Y estos últimos están investidos de competencia y significación que ostentan dignatarios. Es efectivo que las comisiones convocadas son ámbitos consultivos no compromitentes y, por lo tanto, no traen pegados acuerdos. Pero ciertos dignatarios, entre ellos los presidentes de comisiones legislativas, son incumbentes no convocados. En una lectura simple, algo positivo se transforma en humillante y agraviante para un dignatario, y por ende, en un obstáculo de los objetivos de la comisión convocada. ¿Cómo entenderlo en gente políticamente avezada como la que hace la convocatoria?

Así, la buena lectura teórica del diálogo para el consenso en una democracia plural y representativa, se torna en una maña instrumental ingenua, que tarde o temprano se revertirá en contra del convocante, que en este caso no tiene mayoría en el Congreso, y que requiere ir a esa institución a buscar cooperación y consenso.

Sería precipitado imputar esa falta de finura política a un sesgo autoritario presidencial, orientado a prescindir o deslegitimar el rol institucional del Congreso. En medio del cúmulo de problemas institucionales que enfrenta el país –muchos de ellos de carácter constitucional– es un momento propicio para que la agenda se salga de control y la desconfianza, la intolerancia y la disputa política surjan encarnizadas y se transformen en un callejón sin salida dentro del actual sistema legal. Lo otro es la cooperación efectiva que, al menos de esta convocatoria gubernamental, no se ve.

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