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Economía

El 'rey' de la bisutería amenazado por el recorte al gas de la CNMC: «Paraliza nuestro crecimiento»

El empresario extremeño Ricardo Leal, dueño del imperio industrial que lidera la marca Cristian Lay. CASIMIRO MORENO

Ricardo Leal es una de las mayores fortunas extremeñas y líder de un grupo empresarial que factura cada año cerca de 500 millones de euros. La corporación CL Grupo Industrial que preside está compuesta por más de 30 empresas, que van desde marcas de bisutería de renombre internacional como Cristian Lay a empresas químicas, papeleras y hasta una distribuidora de gas repartidas por territorio nacional. Precisamente, es este último negocio el que ahora compromete y amenaza el crecimiento del grupo tras la propuesta de recorte de ingresos regulados publicada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

«La propuesta supone para nosotros un recorte tremendo que cambia las reglas de juego y llega a alcanzar el 50% de los ingresos en los próximos años», explica Leal en conversación con EL MUNDO. Gas de Extremadura, en la que hoy es único accionista tras agrupar antiguas participaciones de Endesa y las cajas de ahorro de Extremadura y Badajoz, controla el 90% del mercado regional de distribución de gas. Su plan estratégico pretende fomentar la penetración de este hidrocarburo en este territorio a nivel doméstico e industrial, sustituyendo al gasóleo, con 76.000 puntos de suministro activos y 2.000 altas nuevas cada año.

Ahora este crecimiento queda «paralizado temporalmente», explica este directivo, a la espera de que se concrete de manera definitiva la nueva retribución. «El recorte nos deja en una situación de no inversión, frenando todas las campañas que no estén ya comprometidas», resalta.

Pero el potencial impacto de la reducción de los ingresos regulados no queda limitado a la empresa gasista, según explica el empresario. «Los bancos ya nos están preguntando cómo afecta a los ingresos regulados, que en teoría deberían ser los más estables del grupo. Al final, el gas condiciona nuestro rating financiero y esto se acaba contagiando a otras actividades», comenta.

Leal busca el apoyo de la Junta de Extremadura y del Ministerio de Transición Ecológica para intentar suavizar el recorte y mantener el crecimiento de su distribuidora, que considera esencial para el desarrollo y éxito del plan de transición ‘verde’ diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

No obstante, la ministra Teresa Ribera explicó esta misma semana a las principales empresas de gas del país que tras un primer análisis no parece que la CNMC haya invadido competencias del ministerio, lo que imposibilita que este interceda convocando la comisión de cooperación prevista para disputas entre ambos organismos.

Competencia argumenta el ajuste en el intento de reducir los gastos fijos que componen la tarifa del gas de hogares y empresas. El sector del gas replica que el efecto será mínimo ya que la distribución supone un 11% de los costes fijos, que a su vez son alrededor de la mitad del recibo. El recorte sobre los costes regulados proyectado por la CNMC es del 17,8%, e incluye una revisión de la tasa financiera que retribuye esta actividad por el menor coste de la deuda y una revisión de los pagos a activos puestos en funcionamiento antes de 2020 al entender que ya han sido amortizados.

El sector ha respondido en tromba al regulador advirtiendo de que el recorte frenará el desarrollo de la red gasística en España y comprometerá el cumplimiento de los objetivos medioambientales comprometidos por el país ante la Comisión Europea. Varias de las principales empresas del país, con una cuota de mercado acumulada del 80%, han respondido a la amenaza de recorte con una «paralización» de las nuevas inversiones no comprometidas a la espera de que se despeje la incertidumbre. El regulador ha dado de plazo a las empresas hasta el 9 de agosto para presentar sus alegaciones y prevé publicar la circular definitiva en octubre.

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