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España

El Supremo rechaza elaborar el informe que pedía Batet y ratifica que la responsabilidad de la suspensión es del Congreso

Tribunales

Manuel Marchena argumenta que es «inviable» la elaboración del informe ante la «configuración constitucional» del Supremo

Oriol Junqueras, en la sesión constitutiva del Congreso el pasado martes. BERNARDO DÍAZ

El Tribunal Supremo ha rechazado elaborar el informe sobre la suspensión de los cuatro diputados en prisión provisional que le había reclamado el miércoles la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. En la brevísima respuesta a esa comunicación, el presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal del 1-O, Manuel Marchena, afirma que resulta «inviable» la elaboración de ese informe ante la «configuración constitucional» del Supremo. La intención del Alto Tribunal con esa expresión es destacar que el Supremo no es un órgano consultivo de las Cortes, que deben asumir su propia responsabilidad en el asunto.

El escrito añade que lo único que puede hacer en este momento el tribunal es insistir en los argumentos que ya ofreció en su auto del pasado día 14 referido a la autorización de salida de prisión para asistir al Pleno de constitución de las Cámaras. Ese auto fue «debidamente comunicado a la Cámara», y el tribunal entiende que contenía todos los datos sobre la situación procesal de los electos encarcelados por rebelión necesarios para que la Cámara resolviera sobre la suspensión, sin necesidad de que los magistrados instaran expresamente a ello. «A lo allí expuesto nos remitimos. La causa penal va a seguir su curso y es misión del tribunal salvaguardar los fines del proceso», concluye el breve escrito.

Con esta decisión el tribunal del 1-O sigue sin pronunciarse expresamente sobre la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) -la que regula el juicio que se está celebrando-, que establece que el cargo electo procesado por rebelión y en prisión preventiva «quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo». En el auto al que ahora se remite, el Supremo sólo había referencias indirectas a ese artículo. Sí había una mención más clara de otro artículo, este del Reglamento del Congreso, que también prevé la suspensión de los diputados en prisión.

Cuando hace un año se dictó el procesamiento, el juez instructor, Pablo Llarena, sí se dirigió al Parlament de Cataluña para informar de que la Lecrim imponía esa suspensión de forma automática. Ahora la Sala encargada del juicio ha eludido dar ese mismo paso con el Congreso (donde han obtenido escaño los acusados Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull) y el Senado (Raül Romeva).

La Fiscalía también se dirigió el miércoles al Supremo por el mismo asunto. El Ministerio Público no pedía ningún informe, sino sencillamente que la Sala comunicara al Parlamento que debía proceder a ejecutar la suspensión «inmediata» y «sin más trámites» de los cinco afectados por ese artículo de la Lecrim. El tribunal del 1-O no ha respondido aún a esa petición del fiscal, pero de la respuesta a Batet se desprende que su presidente no es partidario de hacer nada más en el asunto de la suspensión.

¿Uso gratis de 2.259 locales públicos?

El tribunal del 1-O está escuchando este jueves a nuevos peritos. Entre ellos, los expertos a los que se encomendó hacer una estimación del valor de mercado de los centros públicos empleados para la votación, que fueron 2.259. El informe concluye que el valor por un día de uso de esos edificios sería de 900.906,70 euros. Junto a los dos expertos se han sentado otros dos peritos traídos por la defensa. En sus intervenciones han negado la mayor: resulta imposible hacer ese cálculo porque esos bienes públicos no eran alquilables. También han cuestionado los criterios empleados para el cálculo. En particular, que no era necesario un alquiler de 24 horas o que no se necesitaba usar toda la superficie de un centro escolar para una votación. La Fiscalía pidió la pericial para incorporar esa cantidad al delito de malversación de caudales públicos que recae en 9 de los 12 acusados (todos los ex miembros del Govern).

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