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El Tribunal de Apelación de Escocia declara «ilegal» suspender el Parlamento británico

El primer ministro británico, Boris Johnson, en el Parlamento del Reino Unido. UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT / EFE

El Tribunal de Apelación de Escocia declaró este miércoles «ilegal» la decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de suspender el Parlamento del Reino Unido en el período previo a la salida del país de la Unión Europea.

Los tres jueces que componen la corte de apelación de mayor rango de Escocia revocaron así un fallo anterior, emitido a principios de septiembre, que dictaminó que el cierre sí se ajustaba a la legalidad.

La decisión de la corte escocesa, sin embargo, no implica la reanudación de la actividad parlamentaria, que queda a expensas de lo que pueda decidir el Supremo en una serie de vistas que comenzarán el martes, según la cadena BBC.

La oposición ha condenado en bloque el cierre del Parlamento por el momento elegido, a mes y medio de la fecha marcada para que Reino Unido abandone la UE. Por este motivo, se aprobó en pocos días una ley que insta a Johnson a solicitar una prórroga del brexit para evitar que haya un divorcio sin acuerdo el 31 de octubre.

Los partidos de la oposición -con el respaldo de un grupo de 21 diputados conservadores descontentos con la gestión de su gobierno- aprobaron la semana pasada una ley que obliga a Johnson a pedir una prórroga del brexit si no llega a un acuerdo con la UE el 19 de octubre, de forma que se evite una ruptura no negociada.

Los parlamentarios que se querellaron contra el gabinete conservador consideran que el objetivo de Johnson es silenciar al Parlamento con la estrategia de clausurarlo de cara al brexit. El objetivo del primer ministro es presentar su agenda legislativa para el próximo año en lo que se conoce como el discurso de la reina el 14 de octubre.

Entre los firmantes de la demanda, liderada por la diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, están también la líder de los Liberales Demócratas, Jo Swinson, varios parlamentarios laboristas e independientes y el activista Jo Maugham, de la asociación contraria al brexit The Good Law Project.

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