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España

El tribunal del 1-O: siete jueces justos

Los siete miembros del tribunal que juzga el 1-O. BallesterosEFE

La sentencia del 1-O llevará siete firmas. La trascendencia del caso ha llevado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a ampliar el número habitual de cinco magistrados para ofrecer una respuesta jurídica lo más sólida posible. Así sucedió ya en el juicio por el 9-N, la consulta ilegal de 2014 que sirvió de ensayo al 1-O.

El tribunal estará encabezado por el magistrado Manuel Marchena (Las Palmas, 1959), al que como presidente de la Sala de lo Penal le corresponde dirigir todos los juicios en los que participa. Será el presidente, pero su voto no valdrá más que el de sus seis compañeros. Durante el juicio, Marchena tendrá tres magistrados a su derecha y tres a su izquierda. Físicamente y, podría decirse, también ideológicamente. Tres miembros del tribunal pueden adscribirse, aunque con intensidades muy distintas, al bloque progresista: Andrés Martínez Arrieta, Ana Ferrer y Luciano Varela. Otros tres, también en diferente grado, al bloque conservador: Andrés Palomo, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral.

Al propio Marchena se le sitúa en el lado conservador, lo que da como resultado un tribunal escorado en esa línea. Pese a reconocérsele una elevada calidad técnica y a que su adscripción ideológica no es especialmente pronunciada, Marchena llega al juicio más importante de su carrera sacudido aún por el funesto episodio del intento de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que evidenció sus afinidades: fue el Partido Popular el que propuso al PSOE que Marchena fuera el siguiente presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ. La situación se volvió tan incómoda que el magistrado renunció a ser candidato al cargo, lo que no impidió a los acusados del 1-O sostener que había perdido la apariencia de imparcialidad.

Al margen de su posición ideológica, nadie niega a Marchena su capacidad para dirigir con solvencia la delicada Sala de lo Penal del Supremo. Tanto ahora como en la etapa inicial en la que estaba en ella su némesis en la izquierda, el hoy magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido. Esa gestión de la Sala y los antecedentes de otros juicios o vistas delicadas hacen prever que el juicio del 1-O, pese a su dimensión en todos los campos, no le vendrá grande.

Marchena llegó al Supremo en 2007. En 2014 recibió los votos de la mayoría conservadora del PP para sustituir a Juan Saavedra al frente de la Sala de lo Penal. Fiscal de carrera, su salto en ese Cuerpo llegó de la mano de Eligio Hernández, aupado a fiscal general por el PSOE de Felipe González y canario como Marchena. El Pollo del Pinar, como se conocía a Hernández, se lo llevó a su secretaría técnica. Allí Marchena siguió con fiscales generales de la etapa del PP hasta la entrada en el Palacio de Fortuny de Conde-Pumpido. El «me marcho» y el «te vas» se solaparon.

Durante el juicio, Marchena tendrá a su vera a Andrés Martínez Arrieta (Logroño, 1955). En 1998 fue el magistrado más joven en acceder a la Sala de lo Penal, donde hoy es el miembro más veterano. Se trata de un magistrado entre moderado y progresista, muy vinculado a temas sociales. Fue fundador en su día de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, de carácter moderado y segunda en representación en la carrera, tras la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y por delante de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Fue vocal del CGPJ en representación de los jueces de primera instancia e instrucción. Cuando él mismo lo era, le tocó investigar sobre la desaparición del Nani.

Más a la izquierda de Marchena se encontrará la magistrada Ana Ferrer (Madrid, 1959). En 2014 fue la primera mujer en acceder a la Sala de lo Penal del Supremo. Es miembro de la asociación progresista JJpD. Su última decisión sonada en el Supremo fue favorable al PP: archivar la investigación por el caso Púnica que afectaba a la senadora popular Pilar Barreiro. En su etapa en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, a Ferrer le correspondió instruir el caso Roldán.

Luciano Varela (Pontevedra, 1947) es, por su parte, un magistrado de carácter rotundamente progresista y un referente de la izquierda judicial. Fue fundador de Juezas y Jueces (por entonces, en 1983, sólo «Jueces») para la Democracia. Varela formó parte de la Sala que estudió la admisión de la querella por el 1-O y, según fuentes jurídicas, insistió en que se contemplara expresamente que la presunta rebelión pudo haberse cometido sólo en grado de conspiración. Esa posibilidad podría dejar las condenas en una cuarta parte.

Varela, que llegó al Supremo en 2007, está a punto de jubilarse y el del 1-O será el último caso que aborde. Todas las fuentes coinciden en que, si hay un candidato a discrepar en las deliberaciones de la posición mayoritaria e incluso de firmar un voto particular, ese es Varela. Pese a su orientación, desde sectores progresistas no olvidan -ni perdonan- que impulsó que se juzgara a Baltasar Garzón por la causa del franquismo.

En el bloque conservador, el más moderado es Andrés Palomo del Arco (Salamanca, 1954), que llegó al Supremo en 2014 en la misma tanda que Ana Ferrer. Ha sido el ponente de la reciente sentencia que tumbó la primera prisión permanente que examinaba el Alto Tribunal. Más allá del caso, la sentencia incluyó duras críticas a esa pena introducida en 2015 por el PP.

José Ramón Berdugo (Valladolid, 1954) llegó al TS en 2004 para ocupar la plaza que dejó Conde-Pumpido al irse a la fiscalía general. Es miembro de la conservadora APM y en el Alto Tribunal ha mantenido un perfil público discreto. Fue ponente de la sentencia que endurecía con cárcel las denuncias falsas de violencia de género.

Finalmente, Antonio del Moral (Granada, 1959) es un fiscal de carrera que accedió al Supremo en 2012. Sus detractores resaltan su proximidad al Opus Dei, pero incluso ellos -como sucede con Varela en el extremo progresista- reconocen su altísima calidad técnica. Firmó un voto contra la condena al juez Serrano (hoy diputado de Vox) por cambiar el régimen de visitas de un niño para que pudiera ir a las procesiones de Semana Santa. Y sobre todo fue el ponente de la sentencia que ratificó la condena de Artur Mas por el 9-N. La resolución incluía frases fácilmente extendibles al 1-O: « No existe derecho a votar en una consulta convocada al margen de la legalidad». La sentencia también afirmaba que en su elaboración se habían mantenido «impermeables a valoraciones de naturaleza no propiamente jurídica». «Por eso carece de todo interés […] qué valoraciones extrajurídicas puedan despertar unos hechos», añadía Del Moral, al que le gusta provocar diciendo que está «completamente a favor de los juicios paralelos». «Porque», añade siempre, «si las matemáticas no han cambiado desde que las estudié, las líneas paralelas son las que no se juntan nunca».

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