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España

El triunfo de la irresponsabilidad

Columna desviada

Opinión

El ministro Grande-Marlaska, en la marcha del Orgullo en Madrid. EFE

La cronificación de la campaña electoral no permite un instante de asueto. No salimos de un ciclo de tres comicios generales desde 2015 y ya nos asomamos al cuarto. Las filas de los partidos siguen prietas y no encuentran mejor herramienta que la polarización social para evitar cualquier escape de votos. El vocablo diálogo se ha vaciado de significado. Si alguna vez fue sinónimo de búsqueda de entendimiento, ahora lo es de venganza. Las instituciones están clausuradas. No cumplen su función de ágora para dirimir diferencias.

El resultado en la sociedad es palpable. La política -la mala política- lo invade todo. Sin Parlamento, sin Senado, sin relación entre las administraciones se pelea palmo a palmo en las radios, en los platós de televisión y, últimamente, en la calle, donde las lógicas son distintas. No parece que esta contienda política perpetua sea el reflejo de una sociedad bronca, atomizada, sorda y cainita. Ningún indicador arroja que España se haya vuelto intransigente. Son los partidos quienes están imponiendo sus dinámicas de competencia, agresividad y bloqueo en todos los escenarios posibles.

El boicot que sufrió Ciudadanos en la marcha del Orgullo Gay es otro ejemplo más. El partido que lidera Albert Rivera lleva un único punto en su programa electoral de 2019 sobre el asunto, en el que plantea actualizar la Constitución para «blindar el matrimonio entre personas LGTBI e incluir el derecho a la no discriminación por razón de orientación o condición sexual».

La propuesta es homologable a la de cualquier formación que defiende de forma activa e indubitada de los derechos de los homosexuales. Eso no convierte a Ciudadanos en inmune a la crítica. Sus pactos indirectos con Vox, una formación que entiende las relaciones de personas del mismo sexo como una enfermedad de la que proteger a los niños, justifican la irritación por parte de algunos de los aludidos. Pero la reprobación en este tipo de acuerdos se puede evidenciar de múltiples y muy vehementes maneras, salvo una: la exclusión. Es ahí donde los supuestos oprimidos se convierten en opresores.

La organización de la izquierda para expulsar a Ciudadanos del movimiento no es nueva, pero está exacerbada por el momento político. Ante el mínimo atisbo de competencia en un caladero de votos que considera propio, el partido del Gobierno ha decidido levantar las barreras de entrada con toda la contundencia posible. Tanto que fue el jefe de la Policía y la Guardia Civil, Fernando Grande-Marlaska, el encargado de repartir los carnés de pureza de la raza del manifestante.

Ciudadanos es mucho más peligroso para el PSOE que el PP y Vox, porque trata de aproximarse a los movimientos sociales desde una posición propia, trasversal. De ahí la radicalidad en la respuesta. La fiesta de la diversidad sólo podía ser monolítica y así sucedió. Ocurrió algo similar el 8-M, con las ministras y la esposa de Pedro Sánchez a la cabeza.

Las escenas de improvisada grosería contra los representantes de un partido afectan a la imagen de todo el colectivo gay. Peor es que los organizadores hagan de comisarios para censurar la libertad de participación.

No habrá paz hasta que no se despeje el horizonte electoral. La política debe volver a las instituciones. Si se queda en la calle, pasará lo de Cataluña. Triunfará la antipolítica. Las consecuencias son conocidas.

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