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El TS no investigará a Rajoy por prevaricación con el nuevo Govern

Mariano rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso el pasado mes de mayo. BERNARDO DÍAZ

La querella presentada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ante el Tribunal Supremo, el pasado 1 de junio, contra el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, atribuyéndoles un delito de prevaricación, no será investigada por el Alto Tribunal.

La Sala de lo Penal decidió archivar esta querella por considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de delito. Torra acusó a Rajoy y Sáenz de Santamaría de negarse a publicar en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el decreto de nombramiento del vicepresidente de la Generalitat y de los nuevos consejeros elegidos por el presidente Torra.

En el auto dictado por el Alto Tribunal, fechado el pasado 12 de junio y cuyo ponente fue el magistrado Manuel Marchena, la Sala advierte de que «los hechos descritos en la querella no sustentan la comisión de ilícito penal alguno». Es más, resaltan, incluso, que los actos que se les imputan «no permiten inferir, siquiera indiciariamente, la comisión de un delito de prevaricación administrativa por omisión».

La querella presentada por Torra acusa a Rajoy de «vetar» el nombramiento del vicepresidente de la Generalitat y de los consejeros, pese a que «ya no tenía potestad alguna sobre las decisiones que tomara el nuevo president de la Generalitat», que venía ejerciendo en virtud del artículo 155 de la Constitución Española.

Los argumentos esgrimidos por la defensa de Torra advierten de que Rajoy, siendo presidente del Gobierno, «retornó las funciones y competencias de la Presidencia de la Generalitat» al nuevo presidente Quim Torra.

En cuanto a la ex vicepresidenta, la querella señala que «debía velar por que se cumpliesen todos los trámites previstos en la legislación autonómica para hacer efectivos dichos nombramientos, y ahí acaba su función y su competencia».

En un escrito remitido por la Fiscalía, el pasado 8 de junio, el Ministerio Público se opuso a investigar esta querella y pidió su archivo alegando que las facultades conferidas a Rajoy en virtud de dicho artículo 155 «implican otorgarle la realización de un juicio de valor acerca de si la resolución de la Generalitat que se analiza es contraria a dicho ordenamiento y si ello así, se considera, puede y debe oponerse a la publicación de dicha resolución».

La querella califica la decisión de Rajoy de «arbitraria» e «injusta», términos que fueron rechazados por el Ministerio Fiscal tras argumentar que el decreto de nombramiento se refería a personas que están en situación de prisión provisional o huidos por la Justicia.

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