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España | Expertas de Hacienda afirman que la Generalitat gastó al menos 917.000 euros en el referéndum ilegal

Tribunal Supremo

Algunos de los acusados, en la sesión celebrada este miércoles en el Tribunal Supremo. POOL

Los primeros cuatro peritos que han comparecido ante el tribunal del 1-O han rebatido los principales argumentos con los que las defensas pretenden eludir las condenas por malversación de caudales públicos. Se trata de tres técnicas de Hacienda y otra de la Intervención General del Estado, propuestas las primeras por la Fiscalía y la última por la Abogacía del Estado y que han comparecido de forma simultánea y sin fisuras en su mensaje.

Desde el punto de vista de la acusación, la clave de su declaración ha sido la afirmación de que el hecho de que un servicio se haya pagado o no es irrelevante desde el punto de vista de la posible malversación. En la fase de interrogatorio a los testigos las defensas han buscado que los empresarios con los que contactó la Generalitat para trabajos vinculados al 1-O dejaran claro que no habían llegado a cobrar nada. Las cuatro expertas han insistido en que eso carece de importancia: la deuda contraída por la Generalitat surge en el momento en el que se ejecuta el servicio que ha encargado.

«El momento en que se produce el perjuicio o detrimento del patrimonio público es el momento en que se presta el servicio por parte del empresario», ha dicho una de las técnicas a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal.

Otra vía empleada por las defensas para oponerse a la acusación de malversación es que varios de los contratos bajo sospecha eran nulos porque no se siguió el procedimiento legal. ¿Qué «consecuencia» puede tener eso para una deuda?, ha preguntado la Abogacía del Estado, Rosa Seoane. Ninguna, han respondido las expertas.

«La realidad está ahí aunque no haya habido procedimiento. Siempre que haya existido un encargo de la Administración y se haya ejecutado por el contratista surge la obligación de pago de la Administración», han respondido. «Eso ha sido reconocido por jurisprudencia del Supremo», han añadido frente a siete miembros de la Sala que ha creado esa jurisprudencia.

También han abordado la trascendencia de que algunos empresarios que recibieron encargos y los ejecutaron acabaron renunciando al cobro y emitieron «facturas negativas». Tampoco eso vale para las defensas, según las peritos: «Por sí misma, una factura negativa no supone una renuncia al crédito ni la anulación de una obligación, ni desde luego que el servicio no se hubiera prestado».

Otra posibilidad también ha concluido en una conclusión que respalda la acusación. Se trata del caso de que un contratado por la Generalitat no hubiera podido prestar su servicio por razones ajenas a su voluntad. Por ejemplo, cuando la Guardia Civil entró en Unipost e incautó el material electoral que se iba a repartir. En esos supuestos existe una indemnización al contratista de entre el 3% y el 6% del contrato, una cantidad que podría sumarse a la cantidad malversada.

La Fiscalía no está preocupada en este juicio de precisar la cantidad supuestamente malversada, porque será en el Tribunal de Cuentas donde la reclame a los eventuales responsables. Lo que busca el Ministerio Público es demostrar que se gastó en el referéndum ilegal una cantidad superior a los 250.000 euros, el umbral a partir del cual el Código Penal dispara las condenas a un mínimo de seis años.

Las peritos han dado hoy una cifra más que holgada. «La suma de todos los importes es de 917.648,39 euros impuestos excluidos». En esa cifra las expertas han sumado gasto relativos a pagos de Diplocat para supuestos observadores internacionales, emisión de anuncios en TV o campañas en prensa como la de fomento del registro de catalanes en el exteriores. La cantidad global no incluye, al no haber contado con documentos que lo acrediten, el encargo a Unipost para el reparto electoral, que por sí solo rozaba el millón de euros.

A la hora de ofrecer las cifras globales, uno de los informes de las expertas desglosaba entre lo pagado o lo no pagado por la Generalitat en esos contratos, lo que aparentemente daba relevancia a las circunstancia. «¿Por qué esa diferencia?», ha preguntado la Fiscalía. Para nosotros no aportada nada nuevo la diferencia entre lo pagado no pagado [-…] Era para aportar un dato más al informe. El gasto se entiende realizado de manera independiente a que se haya realizado el pago».

Ha habido una parte del interrogatorio de las acusaciones no estrictamente ligado a los pagos. Ha sido consecuencia de las declaraciones en las que el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoroafirmó que el 1-O no se pagó con dinero público porque su ministerio controlaba hasta el último céntimo. «Los mecanismos de control de Hacienda son de verificación formal», ha respondido la experta de Hacienda que encabezó el grupo de investigación, antes de insistir en que esos controles han permitido sacara a la luz «la realidad material». En este caso, que sí se gastaron fondos públicos en el referéndum ilegal.

Antes de que comenzara la declaración, las defensas han impugnado la prueba pericial, alegando que no habían contado con los informes elaborados por las expertas. Eso, han sostenido, supone una indefensión para sus representados. La respuesta del tribunal presidido por Manuel Marchena es que la prueba pericial se había aceptado hace meses y que no lo habían recurrido. Y que además toda la documentación en que se apoya consta documentalmente en la causa.

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