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Economía

Industria | Suspenso al 'Plan E' de la Industria: la AIReF denuncia que el Estado pierde ya 439 millones en ayudas erróneas

Estudio sobre préstamos de 4.900 millones

La Autoridad Fiscal reclama al Gobierno que frene y revise el programa de Reindustrialización y Competitividad Industrial tras su fracaso: generar un empleo para un trabajador cuesta el doble que pagarle el paro.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, y la de Educación, Isabel Celáa. JAVI MARTÍNEZ

El Estado pierde 438 millones en un altamente ineficaz y erróneo programa de ayudas a la industria que implica subvencionar la creación de puestos de trabajo con el doble de lo que cuesta la prestación de paro.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha remitido un durísimo informe con esta conclusión a los Ministerios de Hacienda, Economía e Industria y reclama poner freno al llamado programa de Reindustrialización y Competitividad Industrial (RCI) por presentar unos resultados en línea con los del controvertido Plan E del pasado.

Según los papeles de trabajo y las conclusiones a las que ha tenido acceso EL MUNDO, el Estado ha prestado entre 2008 y 2016 -último año completo fiscalizado por la AIReF- un total de 4.900 millones en préstamos con «nulo efecto a medio plazo» en los objetivos perseguidos de empleo y reindustrialización, porque los puestos de trabajo generados son costosos y cortoplacistas. Las pérdidas son ya superiores a 400 millones y la factura es creciente, porque la morosidad llega hasta el 23%.

«No mejora la competitividad, tiene un coste financiero y de morosidad muy elevado, no tiene un alineamiento claro con las necesidades identificadas, ni con objetivos cuantificables, no presenta experiencias equivalentes a nivel internacional y se gestiona con procedimientos poco eficientes», asegura la AIReF en el resumen de su estudio, conocido ya en amplios círculos de la Administración aunque no desvelado por el Gobierno.

Programa RCI

El programa RCI consiste en teoría en que el Ministerio de Industria concede préstamos a proyectos industriales pero, en la práctica muchos no se devuelven y el sistema funciona como «un subsidio a la inversión y al empleo» sin impacto real a medio plazo en ninguno de los objetivos que persigue. «Se puede inferir que el coste público de cada puesto de trabajo diferencial sería aproximadamente de 24.000 euros anuales, casi duplicando la prestación por desempleo máxima». También calcula que cada euro que invierten las empresas beneficiadas cuesta a la Administración central 55 céntimos.

Según la Autoridad Fiscal, el esfuerzo del Ministerio de Industria en hacer préstamos directos a las empresas se salda con «impacto nulo o contrario a medio plazo a los objetivos buscados en empleo, inversión y productividad». Sí admite que, a corto plazo, se han llegado a crear unos 33.000 empleos, pero con el citado coste del doble de pagarles el paro. Los que se crean responden a la picaresca de que, en caso contrario, no se logra la subvención. «El efecto encontrado en inversión y empleo es modesto y de corto plazo y se deriva en gran medida de que aumentar el empleo y la inversión han sido requisitos para la concesión de los préstamos».

En consecuencia, «la AIReF propone al Gobierno no seguir desarrollando el programa en su estado actual». Pide «una redefinición de su marco estratégico definiendo objetivos específicos a los que deba dar respuesta». Asegura que hasta ahora «no está claro cuál es el objetivo prioritario por alcanzar y su lógica de intervención». Tampoco «coincide con ninguna otra iniciativa analizada en países de nuestro entorno». Critica además que los costes de gestión para la Administración «son desconocidos».

También «se evidencia un exceso de financiación» para un alcance tan limitado del programa. «Solamente el 2,2% del total de empresas industriales españolas se han beneficiado». Un portavoz del Ministerio de Industria asegura que se darán explicaciones tras analizar el documento y en la AIReF declinan hacer comentarios.

Recomendaciones

Este estudio de la AIReF forma parte de su actividad de revisión del gasto público –spending review– y fue encargado por el Gobierno anterior al detectar la entonces secretaria general de Industria, Begoña Cristeto, que podría haber fuertes y crecientes ineficiencias en el programa.

La recomendación de la AIReF al Gobierno que salga de las urnas es «traspasar el presupuesto del programa a un intermediario financiero público» y que sea el sector privado el que ejecute el apoyo financiero «en particular en la gestión del riesgo y la operativa de préstamos».

Empresas beneficiarias se quejan también del funcionamiento, según el estudio. «La burocracia asociada tanto a la fase de solicitud como de justificación de la inversión es el elemento de mayor crítica». La recuperación del dinero cuando una empresa no ha cumplido lo previsto es también lentísima. «Transcurre un tiempo medio de dos años y medio desde que se resuelve la concesión hasta que se concluye la solicitud del reintegro». «Los reintegros totales han supuesto un 9% del total del préstamos concedidos en el período y un tercio del volumen concedido no se ha llegado a certificar».

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