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España

Justicia | El juzgado del 'caso Acuamed' imputa ahora a la denunciante

Anticorrupación pide que Gracia Ballesteros declare ante sospechas de amaño de contrato

La Guardia Civil registra la sede de la empresa Acuamed en enero de 2016. JAVIER BARBANCHO

El juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso de corrupción en la empresa pública Acuamed ha llamado como investigada a la propia denunciante del caso. Gracia Ballesteros, ingeniera que fue despedida de Acuamed como represalia por la denuncia, y posteriormente readmitida por sentencia judicial, tendrá que declarar como investigada el próximo 20 de mayo, según ha podido saber este periódico.

El motivo es una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra ella y unos de sus subordinados en 2014, Vicente Botella. Anticorrupción detalla que el motivo de su denuncia es un contrato que Acuamed adjudicó a la empresa Contratas Vilor, en UTE con López Instalaciones Eléctricas.

La Fiscalía cree que hubo irregularidades en la adjudicación de ese contrato, que consistía en un proyecto de «trabajos para la implantación de un plan de emergencia de la balsa de regulación del río Belcaire».

Según los pliegos de ese contrato, la valoración constaba en un 20% de la oferta técnica y un 80% de la económica. La Fiscalía explica también que para aprobar la primera fase, la técnica, los aspirantes al contrato debían obtener un mínimo de 11 puntos. Tras valorarse las propuestas técnicas de los tres concursantes, Contratas Vilor S.L. quedó fuera, porque una calificación de 8,50 puntos que no llegaban al umbral de 11 para pasar a la fase económica.

La Fiscalía añade que posteriormente, pero sin que variara nada excepto la eliminación de los aspectos negativos de la propuesta, Vilor pasó a la siguiente fase, porque se revisó su calificación y se realizó un nuevo informe que le otorgaba un total de 13,14 puntos. Como dice Anticorrupción, esa nueva valoración se realizó sin petición por parte de la empresa, se elevó su puntuación en 0,50 puntos por cada uno de los cuatro apartados técnicos y, tras la elevación a «puntuación expandida», se quedó una nota de 13,14.

Argumenta también la Fiscalía que el día 13 de diciembre de 2014 era el previsto para abrir las ofertas económicas, pero dos días antes se anunció que se posponía la fecha hasta enero de 2015, y precisamente ese día 13 se realizó la nueva calificación técnica de la oferta de Vilor.

A la ingeniera que denunció el caso y testificó ante la UCO en su día la llaman como investigada porque firmó ese informe final. Cuando por fin se abrieron las ofertas económicas Vilor ganó sin problema a las otras dos competidoras, ya que su oferta, según la fiscal, «incurría en presunta temeridad por su bajo importe», con una rebaja de más de un 25% del presupuesto. Así pues, Vilor y su compañera en la UTE se llevaron el concurso por una cantidad de 80 puntos por esa oferta, con un total de 93,14 al sumarle la puntuación técnica. Las otras dos ofertas obtuvieron un total de 78,03 puntos y 64,99 puntos.

Por otro lado, en el caso se continúan investigando los contratos de publicidad relacionados con las desaladoras, así como adjudicaciones a la empresa Crespo Gomar, especialmente en Levante.

El principal investigado en el caso, el ex director general de Acuamed, Arcadio Mateo, compareció en las Cortes Valencianas el pasado febrero y no dudó en vincular esas adjudicaciones a una presunta financiación irregular del PSPV, que el año pasado tenía varias investigaciones abiertas en distintos juzgados de Madrid y Valencia. Mateo aseguró en las Cortes que los contratos de Acuamed con Crespo Gomar sobre los que le preguntaron ese día no eran más que «la punta del iceberg» de lo que «algunos han llamado la Gürtel del PSOE». «Ustedes están investigando este trocito de Valencia, que es una comunidad muy importante pero esta operativa de Acuamed de 2007 es de ámbito nacional».

Respecto a los gastos de publicidad, Mateo destacó en Las Cortes el alto gasto en publicidad que tuvo la empresa estatal en 2007, coincidiendo con las elecciones municipales y autonómicas. El PSOE y Compromís, por su parte, le recordaron a Mateo las acusaciones que pesan sobre él en este caso.

También se investigan sobrecostes en la construcción de una planta desnitrificadora en L’Eliana encargada por Acuamed. El sobrecoste de ese proyecto triplicó prácticamente el que debía haber tenido, según explicó el ingeniero municipal en un informe. La planta, además, no ha llegado a ponerse en funcionamiento. La oposición municipal denuncia ahora que los vecinos están pagando un sobrecoste de una infraestructura que jamás llegó a utilizarse.

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