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La Fiscalía en el Supremo: el procés fue «una crónica de rebelión anunciada»

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El ex president Carles Puigdemont junto a la conseller de Presidencia, Elsa Artadi Axel SchmidtREUTERS

Los abogados de 16 de las 23 personas procesadas por su presunta participación en el proceso soberanista de Cataluña intentaron convencer este lunes a la Sala Segunda del Tribunal Supremo de que no se dieron los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos que se atribuyen a sus defendidos.

Así lo manifestaron los letrados, en el marco de la vista celebrada para resolver los recursos presentados contra el auto de procesamiento que dictó el juez Pablo Llarena el pasado 23 de marzo. No obstante, fueron los representantes del Ministerio Público -los fiscales Fidel Cadena y Jaime Montero– los que insistieron en la tipificación dada a los hechos investigados, llegando a calificar el caso como «una crónica de rebelión anunciada», según precisaron fuentes jurídicas presentes en la vista.

Las defensas del ex presidente catalán, Carles Puigdemont; del ex vicepresidente Oriol Junqueras; del ex presidente de ANC, Jordi Sànchez; del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; de los ex consejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, Lluis Puig, Carles Mundó y Santi Vila; de la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell; de los que fueran miembros de la Mesa del Parlamento catalán, Joan Josep Nuet, Anna Simó; y de la secretaria general del ERCMarta Rovira, defendieron la inexistencia de los delitos, alegando que no hubo violencia y que no se acreditó el uso de dinero público.

Dicho esto, fue el responsable de la Abogacía del Estado -representante de los intereses de la Agencia Tributaria- el que justificó el delito de malversación, recordando el contenido de informes de Hacienda aportados a esta causa, que advierten de que el dinero que se había destinado de forma legal para Cataluña fue empleado para organizar el referéndum ilegal que se celebró en Cataluña el pasado 1 de octubre.

En cuanto al delito de rebelión, la Fiscalía no pasó por alto recordar los hechos que sucedieron los pasados 20 y 21 de septiembre en Barcelona, en las inmediaciones de la Consejería de Economía catalana, cuando se produjeron los registros de esta sede mientras cientos de personas impedían que se llevaran a cabo. Los fiscales prosiguieron después con los hechos acaecidos el mismo 1 de octubre.

Conviene recordar que el juez Pablo Llarena procesó a 25 de las 28 personas investigadas en el caso del procés por delitos de rebelión, malversación y desobediencia. Así, en el caso de Puigdemont y los ex consejeros, el magistrado les atribuye delitos de rebelión, junto con Sànchez y Cuixart.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron a la Sala que confirme el procesamiento dictado por el juez Llarena.

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