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Economía

La guerra del Gobierno de Sánchez con los supervisores independientes: Banco de España, AIReF y FMI

Críticas y desmentidos

El Ejecutivo socialista ha reaccionado a las advertencias del Banco de España, la Autoridad Fiscal y el Fondo Monetario con duras críticas a estos organismo

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

Pedro Sánchez apenas acumula poco más de 13 meses como presidente del Gobierno, pero en ese limitado periodo de tiempo su Ejecutivo ya ha protagonizado varios enfrentamientos, desencuentros e incluso desmentidos con diferentes reguladores y supervisores. El último tuvo lugar la semana pasada, cuando el Ministerio de Industria criticó duramente a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), pero antes el Gobierno ya había experimentado situaciones similares con el Banco de España (BdE) y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El más duro y directo es el que protagonizó con el Banco de España. En el Ejecutivo socialista no sentó nada bien que el regulador advirtiese de las negativas consecuencias que, en su opinión, tendría el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros. Las cifras del organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos apuntaban a una destrucción de hasta 125.000 puestos, dato que el Gobierno trató de relativizar desde el mismo momento en el que se hizo público.

Para hacerlo, Trabajo mostró una cautela inicial que desapareció en cuanto el Ministerio de Magdalena Valerio obtuvo las evidencias que, a su entender, desmontaban las previsiones del BdE. «Nos tiene acostumbrados a dar malas noticias que no se corresponden con la realidad», aseguró la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, cuando presentó las buenas cifras de paro de mayo. Y no dudó en ir más allá: «Produce alarma porque el mercado laboral es muy sensible. Lo menos que debería hacer el Banco de España no es pedir perdón, sino reconocer su error. Los datos son mostrencos y desdicen los malos augurios».

El organismo, por su parte, mantuvo apenas unos días después de aquella crítica que el incremento del SMI «moderará el dinamismo del empleo», aunque posteriormente trató de evitar un enfrentamiento mayor al señalar que no se podrá determinar fehacientemente el efecto «hasta 2020».

Calviño banaliza la previsión del FMI

Antes de este episodio, concretamente en abril, el Ejecutivo de Sánchez ya había dado muestras de lo fino de su piel y la susceptibilidad que evidencia cuando recibe una advertencia. En este caso fue la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien, a pesar de lo moderado de su perfil, no tuvo reparos en relativizar la capacidad del FMI para prever la evolución del desempleo.

El análisis del Fondo, apuntó Calviño después de que el organismo alertase de que la creación de empleo se estaba estancando, se limita a «meter unos números en un modelo y ver qué resultado da», por lo que «probablemente no esté reflejando con exactitud lo que puede estar sucediendo en el mercado laboral», añadió la misma ministra que hoy no descarta postularse para sustituir a Christine Lagarde al frente del Fondo.

Y ya la pasada semana, como se ha señalado, el Ministerio de Industria publicó un insólito comunicado en el que censuraba el informe de la AIReF sobre el Programa de Apoyo a la Inversión Productiva (RCI). En el marco de su revisión del gasto público, la Autoridad Fiscal concluyó que el denominado Plan E industrial era ineficiente y costoso, por lo que recomendaba al Ejecutivo poner fin a este programa de manera inmediata.

Un día después, el departamento de Reyes Maroto afirmó que el estudio estaba desactualizado y que algunas de sus conclusiones eran «incomprensibles». En este caso, además de la propia crítica, llaman poderosamente la atención dos aspectos. Primero, que el estudio es una propuesta y que el Gobierno, que es el dueño del documento, tiene total libertad para aplicar o nos las recomendaciones. Y segundo, que el Ejecutivo dio por bueno este mismo trabajo ante Bruselas ya que lo incluyó en el plan presupuestario que envió a la Comisión Europea como muestra de su compromiso con el control de las finanzas públicas.

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