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Chile

La política de cuerdas separadas de Piñera para abordar el conflicto en La Araucanía

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Por cuerdas separadas. Así se desarrolla la estrategia del Gobierno de Sebastián Piñera para abordar el denominado conflicto en La Araucanía. En una semana clave, en donde se dio el puntapié inicial al Plan Araucanía, con un despliegue especial de cinco ministerios en la región, el machi Celestino Córdova bajó provisoriamente la huelga de hambre que sostuvo durante 102 días, esto como un gesto de voluntad de diálogo con el Gobierno, el que al parecer seguirá con la línea que mantuvo durante un mes: el agotamiento del conflicto.

Una política marcada por la búsqueda de un mayor desarrollo económico en la región, la superación de la pobreza, el resguardo a los que ha denominado “víctimas del terrorismo” en la zona y la criminalización del pueblo mapuche, según la oposición. Una posición que anularía la discusión política con los sectores mapuche más organizados, evadiendo temáticas como la restitución de tierras ancestrales, la autodeterminación política en el territorio de La Araucanía y una extrema militarización en la zona. Política que no se distanciaría de la llevaba a cabo por el Gobierno de Michelle Bachelet, de la mano del entonces subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.

“La visión que tiene el Gobierno es que esto se resuelva con más palos, más carabineros, más vehículos, pero no con una conversación política para resolver el tema. Hay dos visiones totalmente distintas de la forma de resolución. Lo que vemos hoy en día, son medidas económicas que se pueden dar en cualquier región”, señala el diputado de la zona, Ricardo Celis.

La apuesta sería, al igual que el Gobierno anterior, mantener una estrategia de cuerdas separadas, en donde el ministro Alfredo Moreno lidere un plan de desarrollo para la región, acompañado de los principales gremios y la institucionalidad del Ejecutivo, a nivel de la Intendencia. Por otra parte, el conflicto con el pueblo mapuche en sí mismo sería liderado en dos áreas, la judicial, por medio del ministro de Justicia Hernán Larraín, y la de seguridad pública, de la mano del ministro del Interior Andrés Chadwick, quienes han llevado el caso del machi Celestino Córdova, por ejemplo.

Posición que no se acercaría a lograr uno de los cinco acuerdos nacionales que busca el Presidente Sebastián Piñera, siendo el Plan Araucanía uno de los prioritarios.

La apuesta del gobierno fue clara, el otorgamiento del permiso “causaría un gran conflicto interno”, por la sensibilidad del caso Luchsinger-Mackay, aseguran desde Palacio. Razón por la que se habría apostado al agotamiento, a pesar de las presiones políticas y sociales. Y lo logró, en reiteradas veces los ministros señalaron que no habría diálogo, mientras el machi estuviera en huelga, y finalmente, este martes, mientras La Moneda desplegaba a su equipo ministerial en la región, el machi depuso “parcialmente” la huelga, con el objetivo de que el gobierno revisara su situación. Esto, debido a que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se habría mostrado dispuesto al diálogo, según explica la directora del INDH, Consuelo Contreras, quien asegura que el ministro “estaba abierto a conversar, pero sin huelga de hambre. Me imagino que ahora se podrá hablar de una conversación”.

La mirada economicista del gobierno

Esta era una de las semanas claves para el gobierno respecto al conflicto en La Araucanía. A partir del martes, se desarrolló un completo despliegue en la región para los cimientos del denominado “Plan Araucanía”, el cual está siendo dirigido por el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. El lunes en la tarde, se afinaron los detalles con una reunión interministerial, que contó con la supervisión del presidente Sebastián Piñera, y se detalló el plan económico para la región, eso sí, según sus asistentes, no se habría tocado el tema del machi Celestino Córdova, quien aún se mantenía en huelga de hambre.

Un despliegue que se da en el marco de los cinco acuerdos nacionales a los que convocó el presidente Piñera, y que estará centrado en temáticas como la pobreza, “el altísimo desempleo” y los bajos salarios en la región, como por ejemplo, “en las comunidades mapuche, que tienen el 45% del promedio de salario del país”, explica el ministro Moreno.

El martes, con un comité especial de cinco ministros, se dio el vamos al denominado “Plan Impulsa Araucanía”, con el cual se busca marcar la impronta del desarrollo económico en el sector. En la mesa, dirigida por el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, se detallaron los avances que tendría esta medida económica, entre ellos US$2 mil millones para más de 40 proyectos, que deben estar en ejecución antes de septiembre, y que centrarán en el ámbito de la salud, la agroindustria, trabajo y obras públicas.

Pero la primera sesión quedó con una “pata coja”, según uno de sus asistentes ya que no se habría profundizado en el punto más político de este Plan Araucanía, el “Consejo para la Paz”, el cual contiene como puntos el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y la representación parlamentaria, con escaños protegidos para el sector indígena. Este consejo quedó sin fecha límite para su ejecución, y aunque los tres puntos, estarían consensuados al interior del Gobierno, se espera que no tenga “tanto protagonismo”, en etapa de instalación del Plan Araucanía.

Por otra parte, este despliegue tuvo una parte más “social y participativa”. Además de la reunión de los ministros, se comenzó el trabajo en las mesas intersectoriales por “La Paz y el Desarrollo”, una especie de foro ciudadano, que contó con la asistencia de 200 líderes de la región, que discutieron distintos flancos conflictivos, en mesas temáticas. Un espacio desde el cual “no se pudo sacar mucho en limpio”, según el diputado Ricardo Celis (PPD), quien participó en la instancia.

Según el parlamentario este espacio “ciudadano” no contó con la participación de dirigentes mapuche de los sectores en conflicto. “La mayoría de las personas que estaban allí era gente que representa a un sector, que es llamada por el gobierno “víctimas”, los gremios, pero poco representante de comunidades del pueblo Mapuche”. Agrega que las propuestas entregadas ya habían sido comunicadas por la Intendencia y los seremis, y que las medidas “son las mismas que se pueden presentar en la región de Coquimbo”, en cuanto a que son regiones que necesitan resguardo económico.

Según el diputado Celis, él participó en la mesa “más política”, allí “estaba definido previamente tocar el tema de los derechos indígenas, en lo que significa el ministerio, la representación parlamentaria con escaños reservados, y reconocimiento Constitucional”, pero asegura que no se tocaron demandas como las territoriales. El diputado explica que “debido a cierto nivel de intolerancia de algunos grupos, que estaban allí presentes”, no se buscó reconocer la historia del pueblo Mapuche, siguiendo la línea de aislar uno de los principales temas en conflicto, el territorial.

Una mirada que queda corta, según la directora del Instituto de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, ya que a pesar de que “valora el esfuerzo por generar mayor desarrollo en la región”, principalmente por la profunda pobreza que existe en el lugar, asegura que no hay una planificación que apunte al “desarrollo de los pueblos indígenas”.

Y es justamente el punto de la pobreza en los territorios mapuche la estrategia central que tendría el gobierno para aminorar el conflicto. Lograr sacar de la línea de la pobreza a los sectores más precarizados, por medio de una mutación del rol de la Conadi, “que apuntaría a ser más como la Corfo” para los sectores mapuche y lograr sacar en limpio un “gran logro para la región”, aseguran fuentes de la intendencia de La Araucanía. Así se podría aislar completamente el conflicto del ámbito territorial y “sacar cuentas alegres” al final del mandato.

De esta forma, no existiría la obligación de dialogar con los dirigentes de territorios que están más en conflicto en la denominada macrozona y “aislarlos como grupos violentos, y ajenos al diálogo”. Consultado respecto al diálogo y la negociación con los sectores mapuche que hoy están más conflictuados, el ministro Moreno aseguró que el gobierno está dispuesto a un “diálogo amplio”, siempre y cuando la contraparte esté ajena a la violencia.

La política del garrote

Todo este despliegue, fundado en el desarrollo económico regional de la región, y que apunta principalmente a mantener “las aguas calmas al interior de Chile Vamos y con los sectores económicos”, según aseguran desde el oficialismo, deja una pata coja, más bien “anula la principal demanda del pueblo mapuche”, señalan dirigentes de este sector.

Una apuesta que habría quedado evidenciada en el caso de la huelga de hambre del machi Celestino Córdova, el único condenado por el caso Luchsinger-Mackay. Córdova, quien requirió en primera instancia al gobierno de Michelle Bachelet, y luego al de Piñera, un permiso de dos días para asistir a su rehue para realizar una ceremonia religiosa; alcanzó a estar 102 días en huelga de hambre esperando una respuesta desde La Moneda, que nunca llegó.

La apuesta del gobierno fue clara, el otorgamiento del permiso “causaría un gran conflicto interno”, por la sensibilidad del caso Luchsinger-Mackay, aseguran desde Palacio. Razón por la que se habría apostado al agotamiento, a pesar de las presiones políticas y sociales. Y lo logró, en reiteradas veces los ministros señalaron que no habría diálogo, mientras el machi estuviera en huelga, y finalmente, este martes, mientras La Moneda desplegaba a su equipo ministerial en la región, el machi depuso “parcialmente” la huelga, con el objetivo de que el gobierno revisara su situación. Esto, debido a que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se habría mostrado dispuesto al diálogo, según explica la directora del INDH, Consuelo Contreras, quien asegura que el ministro “estaba abierto a conversar, pero sin huelga de hambre. Me imagino que ahora se podrá hablar de una conversación”.

Misma estrategia de aislamiento, es la que aplicaría en los conflictos territoriales y las demandas ancestrales y más profundas del pueblo Mapuche. A pesar de que el gran acuerdo por La Araucanía impulsado por el gobierno contiene políticas como crear Corporaciones Territoriales de Desarrollo Indígena y elaborar un catastro definitivo de tierras, para confeccionar un Registro Público de Tierras y Aguas Indígenas, no se detiene en un proceso de reposición de tierras, más allá del existente. Además, recalca “que todo proceso de diálogo” debe tener “como prerrequisito una renuncia explícita a la violencia”, lo que dejaría fuera a los espacios organizados en territorios en recuperación por parte del pueblo Mapuche, que son aquellos que tienen el tinte más político, como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y la comunidad de Temocuicui y Alianza Territorial, reconocen desde la oposición.

Por otra parte, a sólo un mes del arribo del nuevo gobierno, el presidente Sebastián Piñera hizo presente el endurecimiento de la denominada Ley Antiterrorista, restituyendo el uso de testigos protegidos, incluyendo la figura del terrorismo individual, modificaciones que han sido criticadas ampliamente por la ONU, y el espectro político, incluyendo al senador, Francisco Huenchumilla, quien aseguró que el presidente estaba “sacando el garrote”. A esto, se le suma el cuestionamiento a conservar el compromiso con el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, el cual tardó cerca de 18 años en ser firmado, y que actualmente no es aplicado en su totalidad en nuestro país.

Pero el Plan Araucanía, que hecho abajo las medidas levantadas en la consulta indígena del anterior gobierno, incluye una serie de propuestas más políticas: escaños protegidos para representantes indígenas en el Congreso, el ministerio y el reconocimiento Constitucional a los pueblos indígenas. Una batería de propuestas que según el cura jesuita de Tirúa, David Soto, sólo apuntarían a un espacio reducido del pueblo mapuche organizado, a aquel que está más institucionalizado.

El sacerdote de la zona, explica que el gobierno actual, y el Estado chileno en las últimas décadas no ha entendido que hoy existe “un escenario político distinto. Las comunidades en resistencia han constituido poder en su territorio, frágil e inestable, pero está, y ese poder no aspira a tener al Estado, sino que ha mantener su poder autónomo en el territorio”. Es por esta razón que las medidas políticas anunciadas no resolverán el problema de fondo, ni abrirían canales de diálogo. “Las comunidades en resistencia tiene un poder y no lo van a soltar por la pavimentación de calles o que enseñen mapudungún en las escuelas, o un escaño en el Congreso”, explica.

Mirada obtusa que, según David Soto y el diputado Celis, se mantendría en la imposición de la línea del terrorismo y la violencia, como un hecho en la zona, y la división entre las víctimas del terrorismo, principalmente grandes y pequeños empresarios agrícolas y forestales de la zona, de aquellos comuneros y niños mapuche que han sufrido la intervención de las Fuerzas Especiales de Carabineros y los despliegues militares en la zona.

Esta mirada “criminalizante” contra el pueblo mapuche, habría quedado evidenciada en la implementación de una policía especial en la zona por parte del gobierno, además de generar una serie de medidas que apuntan a mitigar el daño a las “víctimas del terrorismo”, explica el documento del Plan Araucanía. Una política que se transformaría en una nueva “pacificación de La Araucanía”, según el cura jesuita, medidas que no serían sólo el sello de este gobierno, sino que habría sido cimentados en el gobierno anterior, de la mano del subsecretario Aleuy.

Una olla a presión, que el gobierno evita afrontar con políticas claras, lo que solo “desatará más violencia y resistencia”, reconocen dirigencias del pueblo mapuche.

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