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Economía

La quinta esquina | Los 'okupas' de Pablo Iglesias

La quinta esquina

Opinión

Pablo Iglesias, durante un mitin de campaña en la plaza de España de Palma. EFE

Procesalmente, los okupas eran, hasta hace nada, unos privilegiados. Mucho más que los inquilinos morosos. Contra estos últimos, el titular legítimo de la vivienda dispone de un procedimiento civil sumario -el juicio de desahucio- que en breve plazo (teóricamente) expulsa al moroso del inmueble. Sin embargo, la recuperación más o menos «inmediata» de la posesión de la vivienda por su titular resultaba imposible si el «usuario» era un okupa. No existía el cauce procesal oportuno. El propietario sólo podía acudir a la vía penal (denunciando un delito de usurpación) o, sin apartarse de la justicia civil, instando un procedimiento declarativo ordinario. En ambos casos, la recuperación de la vivienda lleva mucho tiempo y es muy costosa.

Todo cambió con la Ley 5/2018, que, modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil, se apiadó de los dueños o usufructuarios de viviendas okupadas. Desde julio de 2018, los propietarios tienen acceso a un nuevo juicio sumario especial que permite el lanzamiento rápido de los okupas, sin menoscabo alguno de sus garantías constitucionales. El 11 de septiembre de 2018, sin embargo, el Grupo Popular Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley 5/2018. Según los recurrentes, dicha ley viola numerosos derechos fundamentales de los okupas y protege «intereses especulativos de la economía de mercado». Nada más incierto que dicho juicio de valor: la Ley 5/2018 ampara, exclusivamente, a las personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y organismos públicos dedicados al alquiler social de viviendas.

Pero, si me permiten la expresión, la anterior no es la mayor chorrada de la coalición encabezada por Pablo Iglesias. En palabras de la Abogacía del Estado, los okupas actúan «con violencia sobre la cosa misma [la vivienda] o de manera clandestina». En su intento de sortear dicha evidencia, los recurrentes invocan dos supuestas violaciones de las libertades básicas de los okupas, las contenidas en los artículos 47 y 18.2 CE. Respecto al primero («derecho a una vivienda digna y adecuada», la STC 32/2019, de 28 de febrero, que ha desestimado en su integridad el recurso de Podemos, afirma (FJ 3) que «la ocupación ilegítima no encuentra apoyo alguno en el artículo 47 CE».

La segunda y supuesta violación constitucional denunciada por la gente de Pablo Iglesias para impedir el desalojo judicial de los okupas -ex art. 18.2 CE, «el domicilio es inviolable»- es de aurora boreal. ¿Cabe mayor impostura? ¿Por qué algunos delincuentes se pegan un tiro en el pie mediante su autodenuncia? ¿Qué pasa si una pandilla okupa el famoso chalet de Galapagar? Pablo, no des ideas.

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