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Perú

La Sunedu una y otra vez en el banquillo

La Comisión de Educación del Congreso –presidida por Tamar Arimborgo (Fuerza Popular)– aprobó el lunes 2 de setiembre solicitar facultades al pleno para investigar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) por presuntas irregularidades. 

La decisión ha sido cuestionada por diferentes actores de la comunidad educativa, quienes consideran que está motivada por intereses particulares, ya que no es la primera vez que el Congreso busca investigar a la Sunedu

–El informe preliminar–

El 5 de marzo del 2018, la comisión –presidida en ese momento por Paloma Noceda (hoy en Acción Popular, pero entonces en Fuerza Popular)– aprobó lo mismo que hoy busca la gestión de Arimborgo: pedir facultades para investigar a la Sunedu.  

El motivo –explicó Noceda– era que entonces esa entidad “solo había licenciado a 14 universidades de las 145 existentes en el país, lo cual evidenciaba un desempeño ineficiente” de la exsuperintendenta Lorena Masías. 

El pleno del Congreso dio luz verde a la investigación por 60 días hábiles, hasta el 13 de agosto del 2018. Sin embargo, esa fecha sobrepasaba el término de la gestión de Noceda, por lo que su sucesora en el cargo –Milagros Salazar (Fuerza Popular)– debía culminar las indagaciones y ponerlas a debate. 

Noceda explicó a El Comercio que pocos miembros de la comisión se involucraron en la investigación, por lo que “prácticamente yo trabajaba sola en sesiones maratónicas de nueve horas” a fin de concluir un informe preliminar. 

El documento “Avance del informe de investigación sobre los presuntos actos irregulares en la Sunedu” –al cual accedió este Diario– fue entregado el 24 de julio del 2018, e incluyó 30 conclusiones y recomendaciones; por ejemplo, que se solicite al pleno la ampliación del plazo inicial para culminar la investigaciones. 

–Sin debate–

Salazar nunca puso a debate el documento, pese a que –según Noceda– le fue solicitado insistentemente. Consultada al respecto, Salazar dijo: “No recuerdo por qué [el debate] no fue prioritario”. Aunque agregó que meses después, cuando los miembros de la comisión pidieron que se concluyera la investigación, tramitó hasta en tres oportunidades ante la Mesa Directiva del Congreso la solicitud para que se ampliara el plazo inicial concedido a Noceda. 

“Pero el señor Daniel Salaverry [entonces presidente del Congreso] simplemente no le daba trámite. Se pidieron 60 días, pero nunca nos los dieron. No fue responsabilidad de la comisión [que no se debatiera], sino que él estaba jugando para el Ejecutivo”, dijo Salazar. 

A través de su despacho, Salaverry indicó a El Comercio que la solicitud tenía que verla el Consejo Directivo del Congreso, pero Fuerza Popular nunca acreditó a los 10 miembros que lo conformarían y no hubo quórum. 

–Hacia el pleno–

La nueva indagación impulsada por la gestión de Arimborgo se sustentó en tres presuntas irregularidades: la inadecuada política de gestión de recursos humanos, las contrataciones direccionadas y un inadecuado proceso de licenciamiento. 

Noceda dijo que las circunstancias en las que se investigó a la Sunedu en el 2018 “son totalmente diferentes a las actuales porque la entidad ha sabido enmendar su rumbo”, y calificó de inoportuna una nueva investigación. Agregó que “lo lógico” habría sido que se ponga a debate el informe que dejó; aunque aseguró que Arimborgo le dijo que se utilizaría como insumo. 

Este Diario buscó a Arimborgo, pero no obtuvo respuesta. Desde la Comisión de Educación indicaron a El Comercio que la congresista contestará todas las interrogantes en la sesión del lunes 16.

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