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Perú

Las Bambas: Procuraduría invoca a la fiscalía impugnar fallo que libera a los Chávez

La Procuraduría Pública Especializada en Asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior (Mininter) cursó un oficio al fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Abancay en el que invoca que, dentro del plazo de ley, este despacho impugne la Resolución N°15 del 30 de abril que declara fundado -en parte- el recurso de apelación de la defensa de los asesores legales Jorge y Frank Cgávez Sotelo, así como Carlos Vargas Arizábal. Ellos son acusados de los delitos de organización criminal y extorsión en agravio al proyecto minero Las Bambas.

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Lusi Alberto Casaverde, procurador público adjunto, manifiesta en el documento la «preocupación» de la Procuraduría frente a esta decisión de la Sala Penal de Apelaciones de Abancay, pues «con este precedente se afecta gravemente la lucha denodada que viene realizando el Ejecutivo y sus Procuradurías Públicas en contra de la criminalidad organizada».

Por esta razón, invoca a Huamán Florez, fiscal superior, que su despacho emita la impugnación respectiva contra la mencionada resolución a través de un recurso de nulidad o casación para que la Corte Suprema de Justicia vea, en última instancia, las observaciones.

-Irregularidades observadas por la Procuraduría-

Casaverde, como titular de esta procuraduría, expone cinco  observaciones a la resolución que ordena la comparecencia restringida de los investigados.

1. Indican que la resolución niega la existencia de suficiente material probatorio que existe en autos.

2. Cuestionan que la Sala haya calificado como «muy genéricas» las imputaciones de uno de los testigos protegidos respecto a los Chávez Sotelo y su rol de asesores legales. «Esta afirmación es un flagrante adelanto de opinión, pues no se ha puesto a debate si el ejercicio profesional de los abogados incriminados constituye o no delito», precisa el documento de la Procuraduría.

3. Mencionan que «constituye una seria irregularidad que no ha sido puesta a debate en la presente incidencia» el hecho que la Sala haya sustentado que no existen suficientes elementos de convicción que demuestren la existencia del delito de organización criminal.

4. Sobre los bloqueos de vías, cuestionan que la Sala haya afirmado que la sindicación de los testigos protegidos en sus declaraciones no esté respaldada con otro elemento de convicción «en el cual se evidencie que los hoy investigados hubiesen ordenado o que hayan bloqueado las vías en forma directa y con actos concretos ilícitos, como una forma de presionar un pago de indemnización».

5. Finalmente, la Procuraduría también considera como un adelanto de opinión el que la Sala sustente que las transcripciones de las escuchas legales no están corroboradas con una diligencia pericial.

Entre otras observaciones, consideran que dada la relevancia del proceso la caución económica debió fijarse en un monto no menor de S/100 mil para cada uno de los investigados, en lugar de los S/20 mil indicados en la resolución.

En diálogo con El Comercio, el abogado de los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, Kevin Peña, dijo que sus defendidos aún no habían sido puestos en libertad. Ellos fueron recluidos en la cárcel de Qenqoro, en Cusco, luego de que el 3 de abril la jueza Patricia Valencia les ordenara 36 meses de prisión preventiva. Ellos fueron capturados en Lima el pasado 21 de marzo.

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