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Economía

Las eléctricas creen que la revolución ecológica de Sánchez hace agua

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. BERNARDO DÍAZ

El plan ecologista del Gobierno de Pedro Sánchez para impulsar la transición energética del país queda enormemente dañado tras el veto a los Presupuestos Generales del Estado y la previsible convocatoria de elecciones generales en los próximos meses.

Las grandes eléctricas consideran que ahora se abre una nueva fase de diálogo con todas las fuerzas políticas para estudiar de nuevo el camino y plantear modificaciones a la estrategia que el actual Ejecutivo pretende mandar a la Comisión Europea el próximo viernes 22 de febrero.

Este borrador, que marcará los objetivos en política energética del país para la próxima década, establece por ejemplo el cierre de todo el parque nuclear entre los años 2025 y 2035. El documento será devuelto a España en los próximos meses para la aprobación del texto definitivo a finales de año, cuando ya habrá un nuevo Gobierno -no se sabe si de diferente color político- en el Palacio de la Moncloa.

La remisión del Plan de Energía y Clima a Bruselas irá acompañada del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que será remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, y del plan de transición justa, que saldrá a consulta pública.

El documento más importante es la Ley de Transición Ecológica, cuyo borrador fijaba entre otras cosas el fin del vehículo diésel a partir de 2040, ya que el plan de energía y clima será una guía que marque la senda pero no será regulatorio ni normativo.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, advirtió ayer en una jornada sobre el sector energético organizada por el IESE en Madrid de que los cambios deben acometerse con «sensatez» para evitar problemas de suministro en el futuro. «No hay que cometer errores con los cierres. En 2030 podría existir un déficit de potencia firme en el sistema de entre 9.000 y 13.000 megavatios», argumentó. Es decir, un 10% de la capacidad actual de generación del sistema eléctrico que amenazaría el suministro cuando no pueda producirse luz con fuentes renovables por falta de viento o sol.

Bogas requirió a los partidos políticos que el plan energético del país sea «flexible» y pueda adaptarse a las circunstancias futuras y al desarrollo tecnológico que se vaya produciendo en los próximos años. «No puede estar escrito sobre piedra», sostuvo.

Endesa es la eléctrica que más ha defendido el alargamiento de la vida de las centrales nucleares hasta sus 50 años de vida útil frente a Iberdrola y Naturgy, que creen que estas instalaciones deberían cerrarse a los 40 años -hasta 2028, aunque depende de la central- para dar más protagonismo a las centrales térmicas de gas.

Por su parte, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, pidió «pragmatismo y realismo» en los objetivos de transición energética y criticó que la meta de reducción de emisiones contaminantes planteada por el Ejecutivo es mucho mayor a la que realmente exige la Comisión Europea. «Tenemos que ser muy cuidadosos y actuar siempre siguiendo la tecnología más madura para ir por la ruta coste-beneficio», alegó.

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