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España

Las Islas Baleares aprueban un proyecto de ley pionero para combatir el cambio climático

El Gobierno regional de las Islas Baleares aprueba este martes una controvertida ley orientada a prohibir en su territorio la circulación de coches de combustión interna. Se trata de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en virtud de la cual las autoridades locales aplicarán prohibiciones que afectan especialmente a los vehículos de los turistas, que acceden al archipiélago por vía marítima. Los plazos son claros: a partir de 2025 no podrán entrar los coches diésel, y a partir de 2035 tampoco podrán acceder los coches de gasolina.

El objetivo de esta ley a largo plazo es contribuir a que toda la energía consumida sea de origen renovable, y la fecha marcada para lograrlo es el año 2050. Por ello, la misma legislación regional contempla otras importantes medidas, como el cierre de centrales térmicas, la obligación de instalar paneles solares en toda vivienda de nueva construcción y la instalación de 1.000 puntos de recarga para coches eléctricos antes del año 2025.

Además, las empresas de alquiler de coches, especialmente abundantes en las islas, estarán obligadas a que el 2% de los vehículos que afrezcan sean completamente eléctricos antes del próximo año. Esta cuota deberá alcanzar el 100% antes de 2035, para lo que está previsto habilitar ayudas gubernamentales.

Cómo afectará a los residentes

Los ciudadanos baleares podrán seguir usando su automóvil hasta el final de su vida útil, pero con respecto a las adquisiciones de vehículos nuevos tendrán que ceñirse a los mencionados plazos: a partir del año 2025 no podrán comprar vehículos que funcionen con diésel, y a partir de 2035, tampoco de gasolina.

Las ambiciosas medidas recogidas en esta ley están estrictamente basadas en el cumplimiento del Acuerdo de París para la reducción de emisiones de dióxido de carbono, que España ratificó en 2015.

Por su parte, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) ha denunciado el proyecto de ley ante la Comisión Europea y el Ministerio de Economía, argumentando que contraviene la unidad de mercado y calificando  las normas que contiene como «arbitrarias, no idóneas y desproporcionadas», y afirmando que carecen de «respaldo técnico o científico». La Comisión Europea ha admitido a trámite la denuncia, por lo que esta ley podría enfrentarse aún con algún importante escollo jurídico en el futuro.

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