Los socios nacionalistas de Sánchez le endosarán el coste de blindar a los taxistas

Manifestación de VTC frente al Ministerio de Fomento ÁNGEL NAVARRETE

El Congreso de los Diputados prepara una envolvente política al Gobierno y, en concreto, al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que se comprometa a asumir el posible impacto jurídico que derive del real decreto ley que regula el sector de las VTC, las autorizaciones utilizadas por empresas de transporte que operan bajo plataformas como Uber y Cabify.

Varios grupos parlamentarios están ya redactando enmiendas en las que incluirán que ese posible impacto derivado de la limitación del uso de las actuales VTC a trayectos interurbanos sea en todo caso responsabilidad del Estado, evitando que una oleada de resoluciones judiciales internas comprometa las arcas de las comunidades autónomas. Según un informe de E&Y encargado por el sector, el volumen de indemnizaciones podría ascender a 3.800 millones de euros, una cifra que Fomento rechaza.

ERC y PdeCAT están trabajando en estos cambios y así se lo han trasladado ya al propio ministro de Fomento. En el caso de ambas fuerzas, la maniobra está dirigida a proteger las cuentas de la Generalitat de Cataluña si optan por hacerse cargo de las competencias en materia VTC que les brinda la nueva regulación. Este cambio permitirá la creación de nuevos títulos a nivel autonómico o la regulación de las condiciones de circulación en el ámbito municipal. El primer plazo de enmiendas finaliza el próximo martes día 13, aunque la previsión es que se prorrogue hasta finales de este mes.

Por su parte, el PNV también está valorando las posibles enmiendas a introducir y está trabajando en el contenido de las mismas, pero fuentes parlamentarias apuntan que es poco probable que los nacionalistas vascos no traten de evitar que los importantes costes que se puedan derivar de las reclamaciones e indemnizaciones repercutan sobre las cuentas vascas.

El PP es otra de la fuerzas políticas que están interesadas en que este blindaje salga adelante, ya que gobierna en un gran número de autonomías y previsiblemente seguirá haciéndolo a partir de mayo de 2019. Fuentes del partido en el Congreso explican que aún no tienen decidido qué enmiendas presentarán, aunque sí señalan que las reclamaciones de los grupos nacionalistas en este sentido “pueden encajar perfectamente“. Barones del partido como Ángel Garrido han reclamado que este asunto quede claro y por escrito antes de actuar.

En el PSOE esperarán a ver el contenido final de las enmiendas, aunque insisten en que el real decreto ley debe retocarse “lo mínimo posible”. En todo caso, fuentes próximas a este grupo sostienen que el texto aprobado por el Gobierno y convalidado por el Pleno del Congreso está “totalmente blindado” frente a las reclamaciones de los propietarios de las licencias VTC al establecer una indemnización en especie de hasta seis años de operación adicional. “Las CCAA están exentas de cualquier responsabilidad y no deben temer el informe de parte realizado por E&Y. El RDL cuenta con el respaldo de la Abogacía del Estado, pero si necesitan hacer alguna modificación para darles más tranquilidad lo estudiaremos”, explican estas fuentes.

Impacto en el déficit

Esta presión tendrá un impacto directo sobre el déficit del Estado, ya que los señalados 3.800 millones de euros representan más de tres décimas de Producto Interior Bruto (PIB). El dato, para una economía saneada y sin problemas de desviación presupuestaria, podría ser relativamente fácil de asumir pero éste no es, precisamente, el caso de España. La economía española arrastra desde hace años graves problemas para cumplir con los objetivos de déficit, y una reciente encuesta de PwC muestra que los economistas y empresarios consideran que esto seguirá ocurriendo en los próximos años. Por ello, el impacto de las reclamaciones complicará todavía más la consecución de los objetivos y la estabilidad presupuestaria.

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