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España

Orden de arresto y cárcel para el ex administrador de FEVAL en Extremadura tras negarse a entrar en prisión

Juan Francisco Cerrato, durante uno de los juicios del ‘caso FEVAL’. EL MUNDO

Ni recurso de súplica por supuestas enfermedades patológicas ni indulto. La Sección Tercera Audiencia Provincial de Mérida ha ordenado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que procedan a la detención e ingreso en prisión de Juan Francisco Cerrato, ex administrador de FEVAL (Institución Ferial de Extremadura), condenado en sentencia firme a cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado malversación de caudales públicos.

La Audiencia toma esta medida de urgencia al no haber «ingresado voluntariamente el penado en el Centro Penitenciario dentro del plazo al efecto que se le dio» (el pasado 19 de diciembre) y tras habérsele negado el recurso de súplica planteado por la defensa, que aludía a varias patologías crónicas para no entrar en la cárcel. Sin embargo, a requerimiento de la Autoridad Judicial, el Instituto de Medicina Legal de Badajoz confirmó que el ex administrador de FEVAL no padecía ninguna «enfermedad muy grave con padecimientos incurables».

En segundo lugar, la defensa solicitó el indulto para no cumplir la sentencia, pero el auto judicial recuerda que «no existe ninguna circunstancia extraordinaria de la que se deduzca que el penado es merecedor de la gracia» y añade que «hay en tramitación parlamentaria una proposición de Ley que excluye expresamente del indulto conductas como la del solicitante» al tratarse de «la condena por un delito de corrupción, concretamente por un delito de malversación de caudales públicos».

La sentencia

El Tribunal Supremo, en una sentencia el pasado mes de mayo, había eliminado el delito de falsedad en documento público y rebajado las penas a los tres principales implicados en el caso, tanto al propio Cerrato, como el director de Feval hasta el año 2011, el ex diputado socialista José Luis Viñuela, y al subdirector del organismo público, José Villa, que en primera instancia fueron condenados a ocho años, tres meses y un día de prisión por delitos de malversación y falsedad en documento oficial. Finalmente, Cerrato fue condenado a cuatro años y medio de prisión, Viñuela a un año y ocho meses y Villa fue absuelto de cualquier delito.

La historia

El diario El MUNDO destapó el 3 de mayo de 2011 el escándalo de FEVAL y aporta la documentación necesaria para que se inicie un proceso que, dos años después, conllevó una operación policial con siete personas detenidas, entre ellas varios directivos de empresas a los que se les adjudicaron contratos de manera irregular a instancia de la Brigada de Blanqueo de Capitales y bajo la denominación de Operación Pabellón, que incluyó registros en las instalaciones de FEVAL en Don Benito, en domicilios particulares, en la finca de Viñuela y Villa en Orellana y en sedes de empresas.

Además, también se detuvo a tres personas en Madrid y una en Sevilla, relacionadas con empresas que presentaron sus servicios a la institución pública. Se les acusaba de los delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, fraude, delito contable, falsedad documental, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraudes y exacciones ilegales.

Entre las personas detenidas se encontraban los tres miembros de la antigua cúpula directiva de la institución: el ex diputado socialista y ex alcalde de Don Benito, José Luis Viñuela; su mano derecha, subdirector y ex director general de Turismo, José Villa; y el administrador general Juan Cerrato.

Fue el momento decisivo -esta publicación periodística- para que no se frenase un caso que hasta entonces había pasado de puntillas por el Parlamento extremeño, donde la entonces mayoría absoluta de PSOE había frenado una comisión de investigación que había pedido el PP para conocer realmente qué había pasado en una institución que tenía la misma dirección, la de José Luis Viñuela, desde su creación, en el año 83.

Las pruebas

Algunos trabajadores del centro se pusieron en junio de 2010 en contacto con Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta para trasladarle documentación sobre los hechos y alerta de las prácticas despóticas y abusivas de la dirección. Vara encargaría luego una auditoría de la que no se conocieron sus resultados mientras siguió como presidente de la Junta hasta que perdió las elecciones en mayo de 2011. Antes, cuando se destapó la trama, esos mismos trabajadores fueron despedidos de la institución, aunque en la etapa posterior fueron readmitidos.

El caso estalló a escasos días del inicio de la campaña electoral y tanto el PSOE como la dirección de FEVAL negaron todos los hechos denunciados por este periódico, achacándolo a una ‘conspiración electoral mediático-política’. Pero el caso ya no se detuvo judicialmente. Para intentar mitigar las acusaciones, el propio Quintana abrió a la prensa las instalaciones del centro tecnológico de Feval y enseñó a las cámaras lo más pintoresco de la información, aunque no lo más grave: el despilfarro millonario en jacuzzi, pistas de squash, pistas de squash y cocinas de lujo.

Las investigaciones periodistas también se centran en las mariscadas, a pesar de tener un servicio de restaurante y catering propio, que disfrutan los directivos de Feval y de los aprovechamientos de las infraestructuras y personal de FEVAL en el acondicionamiento de la casa de campo junto al pantano de Orellana cuyos propietarios son Viñuela y Villa. El Supremo consideró probado que varios empleados de Feval, en horario laboral, realizaron trabajos de jardinería y pintura.

En la sentencia, quedó demostrado la frase que dijo Viñuela cuando varios trabajadores le comunicaron que Cerrato estaba sustrayendo dinero: «Estad calladitos -les dijo Viñuela-, que sois jóvenes y yo pronto me jubilo».

‘Caja b’

Sin embargo, lo más grave, y donde la policía pondría su acento en las investigaciones posteriores, sería en las alteraciones contables de las cuentas de la entidad, con la puesta en marcha de una Caja B para el desvío de los fondos de la feria, sobre todo en lo referente al cobro en los servicios de hostelería, especialmente en las bodas. Se denunciaban contrataciones millonarias con socios y miembros de los órganos rectores o empresas cercanas y, entre otras cuestiones, anomalías del personal directivo en sus contratos y cobros.

Mientras, ya con el PP en el gobierno de Extremadura tras ganar las elecciones en el año 20111, Viñuela, Villa y Cerrato presentaron denuncias contra la propia FEVAL por considerar que sus despidos habían sido improcedentes, pidiendo indemnizaciones millonarias. Todas ellas fallaron en su contra.

Mientras, ya con el PP en la Junta, se abrió una comisión de investigación en el Parlamento de Extremadura, la Comisión de Investigación se constituyó en diciembre de 2011,que celebró 21 reuniones ante las que comparecieron 37 personas. El PSOE siempre defendió que no se cometieron irregularidades y que todo era fruto de una conspiración ‘político-periodística mientras que PP e IU consideraron como responsable político a Guillermo Fernández Vara y a su vicepresidenta Dolores Aguilar.

Fallo definitivo

El Tribunal Supremo, en el fallo definitivo, también redujo la cantidad de dinero que Cerrato debía de devolver a FEVAL al no dar por válido como prueba unas fotocopias aportadas en el juicio como prueba de las modificaciones que se realizaron en la contabilidad para que no se detectara la sustracción de dinero en efectivo. «Resulta fuera de toda discusión que no se ha practicado prueba alguna sobre la coincidencia entre el contenido de los citados documentos y el archivo ‘Excel’ que se conservaba en la entidad FEVAL», señaló la sentencia.

De esta manera, Cerrato no ha tenido que devolver los 201.000 euros que figuraban como cantidad sustraída en la sentencia inicial, y sí la cantidad 38.489 euros que se recogían en un documento en el que realizó unas anotaciones para que se hiciese desaparecer esa cantidad de la contabilidad oficial.

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