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Argentina

Qué ocurre con los jubilados en Argentina y por qué crearon un sindicato

La delicada situación económica de Argentina, así como la de cualquier país que atraviesa una crisis, golpea primero y más fuerte a los sectores sociales más vulnerables. Los jubilados y pensionados de esa nación sudamericana nunca han vivido su ‘época dorada’, pero hoy se enfrentan a un panorama todavía más adverso por la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación, y por algunas medidas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, a quien en gran número han acompañado con su voto en las elecciones de 2015.

La realidad de los jubilados argentinos motivó recientemente la creación del Sindicato de Trabajadores Pasivos (STP), que fue presentado el pasado viernes en Buenos Aires y que espera representar los intereses de 6 millones de personas que, de acuerdo a los especialistas consultados por este medio, se encuentran «en terapia intensiva«.

Uno de los impulsores de esta flamante organización gremial es Christian González D’Alessandro, un abogado especialista en previsión social que asiste legalmente a un centenar de jubilados. El letrado estima que este año, por la suba del dólar y una inflación cercana al 48%, «han perdido un 35,5 %  de su poder de compra real, como mínimo».

«Esto tiene que ser el ABC en nuestra región para que nunca más nadie le meta la mano en los bolsillos a los jubilados, que ya bastante mal le han hecho los ‘Chicago Boys’ imponiendo los modelos neoliberales de diversificación del sistema previsional», sostiene en diálogo con RT.

Su colega Andrea Falcone, también previsionalista, coincide en el diagnóstico, aunque difiere en los números finales. «Desde el principio, de esta gestión los más golpeados fueron los jubilados. En 2016 perdieron un 13 % de su poder adquisitivo frente a la inflación. Después en 2017 recuperaron 3 % y este año ya perdieron otra vez 20 % como mínimo, según las estimaciones actuales. Pero a esto hay que sumarle que, cuando en diciembre se cambió la ley de movilidad jubilatoria, en marzo, en vez de darles el 14,5 % de aumento que les correspondía les dieron el 5,7%, con lo cual ya vienen arrastrando un desfase importante. En términos reales la pérdida va a estar rondando el 25%».

«El 70 % de los jubilados está en una situación de pobreza. De ese total, el 43 % está rozando la indigencia». Mirta Tundis, diputada

Sucede que, con el sistema anterior, los aumentos eran semestrales y se correspondían en un 50 % sobre la evolución de los salarios registrados, mientras que la otra mitad dependía de la recaudación fiscal.

El nuevo método plantea subas cada tres meses —en marzo, junio, septiembre y diciembre— y la cifra está compuesta por la inflación de Argentina (70 %) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el 30 % restante.

«La Constitución argentina dice que las jubilaciones y las pensiones son móviles, o sea, que hay que garantizarles algún tipo de movilidad, pero no dice cuál es el índice más correcto. A simple vista, parecería que un nuevo índice relacionado con la inflación en gran medida, y en una medida menor vinculado a cómo suben los sueldos, es aceptable. Ahora, de la forma en que lo implementaron, atrasaron toda la cadena de ajustes. ¿Por qué? la pérdida de poder adquisitivo que tenían entre enero y junio bajo la ley anterior, la recuperaban en septiembre. Ahora, la pérdida la recuperán en marzo», explica Falcone.

Y agrega: «Si uno revisa las declaraciones del gobierno, lo que les prometían a los jubilados eran dos cosas: primero, que le iban a ganar a la inflación por 4 o 5 puntos, que eso claramente no se cumplió. Y lo segundo es que iban a recuperar el poder adquisitivo más rápido, porque ahora la movilidad iba a ser cada tres meses y no cada seis. Lo que no les dijeron es que como la iban a implementar atrasándola, tardaban más en recuperar el poder adquisitivo. Es que con una inflación del 50 %, que te la den en septiembre o que te la den en marzo cambia sustancialmente».

Más allá de las cifras, la crisis se hace sentir en los hogares de los adultos mayores. La diputada nacional por el Frente Renovador Mirta Tundis sostiene que 70 % de los jubilados está en una situación de pobreza. «De ese total, 43 % está rozando la indigencia», señala.

Es que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), para cubrir los productos que componen la Canasta Básica Total (CBT), el ingreso mínimo de una familia para no caer bajo la línea de pobreza fue en noviembre de 25.206,03 pesos.

Tundis, quien es además periodista y ha trabajado en los medios brindando información sobre jubilados, eleva ese índice oficial: «La canasta básica para una pareja de jubilados es de 27.000 pesos. Porque a la hora de establecer una canasta básica de jubilados en Argentina no se tiene en cuenta que acá deben pagarse ellos mismos buena parte de sus medicamentos. Este mismo gobierno redujo la cantidad de medicamentos gratuitos para jubilados de 5 a 4».

Problemas de salud

En la Argentina hay aproximadamente 6 millones de jubilados y pensionados. Se estima que cuatro millones se atienden en clínicas y consultorios médicos, a través del Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Un jubilado que cobra el haber mínimo, que corresponde a 65 % del total, gana 9.300 pesos (unos 246,79 dólares) y aporta 6% a la obra social, o sea, 558 pesos. Con ese dinero cubren su cuota y tienen acceso a todas las prestaciones del PAMI. Sin embargo, según informó el diario La Capital de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los afiliados han hecho reclamos porque la atención puede demorarse hasta 90 días.

«La situación es muy mala. Hoy están dando turnos para marzo en algunas clínicas de la ciudad, o para abril en el interior del país. Son cuatro meses de espera«, dice el apoderado del nuevo Sindicato de Trabajadores Pasivos.

«El planteo que tenemos que hacer como sociedad es si [el sistema] realmente tiene que ser superavitario o entendemos que la seguridad social cubre una contingencia y que un Estado le tiene que dar cobertura a los que menos tienen». Andrea Falcone, abogada previsionalista

«Lo que ocurre es que recortaron las prestaciones del PAMI —advierte la abogada Andrea Falcone—, hay muchos problemas con los porcentajes de coberturas de medicamentos y renegociaron los honorarios con los prestadores. Esto implica que un odontólogo que tenía 20 turnos para jubilados ahora ofrece dos y en horarios restringidos. Si sos jubilado y se te rompe un par de anteojos te dan turno para dentro de seis meses, porque ya no le conviene al médico atenderte».

Para Falcone, «es obvio» que el sistema va a ser deficitario, porque los ingresos, ya sea por impuestos o por aportes, no alcanzan a sostenerlo económicamente. «El planteo que tenemos que hacer como sociedad es si realmente tiene que ser superavitario o entendemos que la seguridad social cubre una contingencia, en este caso una enfermedad, y que un Estado le tiene que dar cobertura a los que menos tienen«.

¿La culpa es de la moratoria?

En 2005, el gobierno de Néstor Kirchner impulsó la ley de moratoria previsional, que permitía recibir una jubilación a aquellas personas que no habían podido alcanzar los 30 años de aportes que exige el sistema en Argentina.

Según datos de la Agencia Nacional de la Seguridad Social (ANSES), más de 3,7 millones de personas lograron acceder a ese derecho, abonando las cuotas impagas a través de descuentos en sus haberes jubilatorios durante los primeros años. Tras la sanción de la ley, la cobertura previsional pasó del 66 % en 2003 al 95,8 % en 2010.

La mayoría de los beneficiarios de esa ley fueron mujeres, por lo que muchos la denominaban ‘la jubilación para amas de casa’.

Sin embargo, hay quienes cuestionan la medida del anterior gobierno porque sostienen que eso convirtió el sistema jubilatorio en deficitario. Para Falcone, ese argumento no es válido: «De las tres millones de personas que se jubilaron gracias a la moratoria, tenés once años en promedio de aportes realizados. Es decir, una gran cantidad de personas tenían 18, 20 o 25 años de aportes. Con lo cual, complementaron eso que tenían con la moratoria para alcanzar los 30 que exige la ley argentina».

«Ahora, ¿había muchas personas que no aportaron en toda su vida? Sí. Había muchas personas que no habían aportado porque en la Argentina 4 de cada 10 trabajadores están ‘en negro’, es decir, no regularizados. Peones de campo, obreros de la construcción, cientos de rubros», explica.

Y pone énfasis en la importancia de haber incluido a muchas mujeres en el sistema: «En cada lugar donde me presento, alguien me pone una objeción con respecto a por qué se jubilaron amas de casa. Hay estadísticas que marcan cuánto representa en el PBI el trabajo que realizan las amas de casa, o las mujeres que se quedan cuidando a sus hijos. Más allá de los avances del feminismo, seguimos siendo las que menos ganan en el hogar, entonces cuando una familia tiene hijos y tiene salarios bajos es la mujer la que se queda. Pasan 15 años, sales del mercado laboral, te cuesta reinsertarte y la mujer se queda sin nada, mientras el hombre se queda con su jubilación bien gordita».

El dinero de la ANSES, a pagar deuda

El pasado 26 de diciembre, el gobierno argentino publicó en el Boletín Oficial una resolución que establece la emisión de Letras del Tesoro por hasta 86.000 millones de pesos (2.262 millones de dólares). Estas serán suscriptas directamente a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo descentralizado responsable del pago de las jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Esto significa que el Ejecutivo tomará el dinero de esa dependencia para garantizar fondos que serán destinados, de acuerdo a lo que informan diversos medios locales, a pagar servicios de deuda.

Ese dinero forma parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que fue creado en 2009, cuando el Estado recuperó el dinero de las ex AFJP (Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), las empresas que manejaron el dinero de los jubilados tras la privatización del sistema en los años 90.

Según explica Mirta Tundis, es un fondo anticíclico que tiene un menú de inversiones mediante el cual el capital debe incrementarse para garantizar cierto respaldo económico al sistema previsional: «Es un resguardo ante una cesación de pagos que pueda tener el gobierno argentino para hacer frente al pago de jubilaciones y pensiones. Era de más de 1.000 millones de pesos y alcanzaba para el pago de un año. Hoy lo están dilapidando».

Para D’Alessandro, la medida favorece a la deuda privada en detrimento de los jubilados. «Así están vaciando el sistema previsional. ¿Para qué? para que el final de la novela sea el regreso a las AFJP. Con un sistema desguazado, sin plata, con mucho déficit y, como el sistema no se sustenta, nos enchufan nuevamente el sistema privado de jubilación».

«La primera variable de ajuste son siempre los más vulnerables». Christian Gonzalez D’Alessandro, abogado previsionalista

Falcone disiente de esa mirada porque cree que «no hay margen» político ni económico para el retorno de las AFJP. Aunque no deja de cuestionar la decisión: «Los últimos dos gobiernos han metido la mano en la caja de jubilaciones. El gobierno anterior, que tenía cerrados los mercados y no podía pedir préstamos afuera, tomaba deuda externa a través de la ANSES en gran medida. Lo sorprendente de este gobierno es que salió a pedir 100.000 millones de dólares afuera y aún así tuvo que tomar el 5 % del Fondo de Garantía. Es una gran cantidad de dinero».

El sindicato de los jubilados

Ante este panorama, González D’Alessandro refuerza la idea de que los trabajadores pasivos puedan tener su propia representación, en el Consejo del Salario, en la toma de decisiones de ANSES o del PAMI. «Porque en definitiva son de ellos», remarca.

«La primera variable de ajuste son siempre los más vulnerables. Ya lo dijo el Papa Francisco en su primera misa y luego lo reiteró en su visita a Brasil: ‘Los niños y los adultos mayores, salgan a la calle y hagan lío‘. Y esto es hacer lío, pero un lío en el sentido positivo de la palabra. Organizarse, unirse y salir a reclamar lo que corresponde», argumenta el abogado.

La duda pasa ahora por el grado de legitimidad y presión que pueda alcanzar el STP, teniendo en cuenta que no se trata de un sindicato como los que se conocen en Argentina, que agrupan a trabajadores activos ya sea por su profesión, oficio o rama de actividad.

«Es un sindicato que va a constituirse, como establece la ley, de asociaciones sindicales porque lo estamos encuadrando y vamos a presionar para que así sea», asegura D’Alessandro.

Por lo pronto, uno de los mentores de la iniciativa afirma que cuenta con el apoyo de varios sindicatos fuertes, como el de Camioneros o el de Farmacéuticos y Bioquímicos, y tiene el aval de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

«El alcance va a ser nacional. En cada lugar donde un jubilado tenga que tomar decisiones vamos a pelear para que tenga su propia voz y sea protagonista», concluye.

Emmanuel Gentile

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