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Francia

Repartidores de comida explotan a indocumentados para hacer sus entregas

Es la precariedad dentro de la precariedad en el mercado laboral: repartidores de comida matriculados en empresas como Uber Eats, Glovo o Deliveroo negocian en el mercado negro sus encomiendas en bicicleta con indocumentados, quedándose con entre el 30% y el 50% de la paga por cada entrega.

“Estoy haciendo esto porque tengo que comer”’, explica Aymen Arfaoui, un joven inmigrante de 18 años en declaraciones al New York Times. “Es mejor que robar o mendigar en la calle”, agrega, y señala que se quedará apenas con la mitad de las ganancias del día, unos 17 euros por cuatro horas de trabajo. El resto se lo dará al repartidor francés que lo emplea, quien considera que desde que las compañías bajaron los salarios para competir ya no tiene sentido seguir pedaleando por tan poco.

“El hecho de que haya menos dinero en las plataformas ha llevado a gente pobre a subcontratar a gente todavía más pobre que ellos”, deplora Jean-Daniel Zamor, presidente del CLAP (Colectivo de Repartidores Autónomos Parisinos).

“Es un gran problema”, reconoce al NYT el director general de Glovo en Francia, Alexandre Fitussi, quien calcula que el 5% de sus 1.200 empleados semanales viven en Francia de manera ilegal. Unas 20.000 personas trabajan en Francia para estas empresas de “delivery”, según estimaciones.

Las compañías no se exponen a sanciones legales, ya que no son ellas las que emplean a indocumentados o menores de edad, sino sus empleados declarados.

El fraude descansa en la facilidad para llevar a cabo la subcontratación. Cualquier francés mayor de edad puede inscribirse como repartidor para estas plataformas. Basta con anotarse previamente con el estatuto de “trabajador independiente” y presentar un documento de identidad. Luego, puede poner su habilitación a disposición de una persona aunque esta no pueda trabajar legalmente en Francia. El acuerdo clandestino se hace a través de Whatsapp, Facebook o Telegram.

El “boom” de las empresas de reparto de domicilio a través de aplicaciones va aparejada con una creciente polémica sobre sus prácticas laborales. Mientras en Francia empieza a descubrirse el alcance del trabajo de indocumentados en el sector, en Madrid la sociedad británica Deliveroo se enfrenta a un gran juicio impulsado por la Seguridad Social española que le reclama 1,2 millones de euros por emplear como «falsos autónomos» a más de 500 repartidores.

En Argentina, el problema de la precarización laboral quedó expuesto con la muerte del boliviano Ramiro Cayola, quien perdió la vida en Buenos Aires aplastado por un camión mientras repartía comida para la empresa colombiana Rappi, presente también en Brasil, Chile, México, Uruguay, Perú y Colombia.

El caso del inmigrante boliviano se asemeja al accidente ocurrido en mayo en Barcelona, cuando un repartidor nepalí de 22 años murió tras chocar contra un camión recolector de basura.

«No decimos que Glovo haya matado a este chico, pero las condiciones laborales muy extremas de Glovo hace que pasen cosas así», denunció Badr Eddine, presidente de una asociación de repartidores a domicilio.

Estas muertes alimentan el creciente malestar de los miles de empleados de estas aplicaciones de entrega a domicilio, que han denunciado la falta de derechos laborales básicos y estar muy vulnerables a convertirse en víctimas de accidentes en las calles.

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