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Economía

Sánchez | Mantendrá el gasto social por debajo de la media europea a pesar de la subida fiscal

El Gobierno de Sánchez ha dejado claro en numerosas ocasiones que va a acometer una notable subida de impuestos. Lo hizo en su programa electoral, lo adelantó en la campaña y lo confirmó con cifras en el Programa Presupuestario. El objetivo, sostienen en el Ejecutivo, es acercar los niveles de recaudación tributaria a la media europea. «Una armonización», se explicaba ya en los 110 compromisos con la España que quieres. Sin embargo, ese mismo razonamiento no se aplica para los gastos y, en concreto, en lo que al desembolso en el ámbito social se refiere, que seguirá estando muy lejos de la media europea.

En los últimos datos de Eurostat, referentes a 2017, se constata que el gasto medio destinado en Europa a Salud fue del 7% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que la cifra española se quedó del 6%. Y en Educación, el esfuerzo comunitaria era del 4,6% por el 4% de España, nivel que el Gobierno de Mariano Rajoy quería reducir incluso más y llevarlo a mínimos de 25 años. Ahora, el de Sánchez no contempla esa reducción, pero tampoco compromete una subida concreta en estos ámbitos.

La previsión recogida en el plan Presupuestario remitido a Bruselas es que el gasto en Educación se mantendrá en el 4% del PIB y el de Salud en el 6% hasta 2021, y se incluye la siguiente nota: «Estas cifras recogen la evolución tendencial del gasto, que previsiblemente se incrementará como consecuencia de la reforma del sistema de financiación territorial». Sin embargo, no se sabe cuánto subirá, fuente del Gobierno reconocen que no pueden especificar cuál será el dato final y, en todo caso, parece evidente que no se producirá una subida tan importante como para alcanzar los niveles medio europeos.

Es más, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en su análisis del plan presupuestario, ya subrayó la pasada semana que el documento contempla «que la reforma del sistema de financiación territorial previsiblemente incrementará el gasto en sanidad y educación, lo cual, sin medidas adicionales de aumento de ingresos o reducción de otros gastos, tendría incidencia en el déficit de las Administraciones Públicas». Esto es, que teniendo en cuenta las previsiones y proyecciones de Hacienda, cualquier aumento supondría un riesgo fiscal.

Pero en todo caso, incluso si esa inversión se aumentase en un punto y seis décimas de PIB, que supondría una improbable cifra adicional de unos 20.000 millones, hay una tercera función en la que la distancia es incluso mayor: la protección social. Este capítulo contiene gastos tan importantes como las pensiones, el empleo o los subsidios, y la previsión del Gobierno es que el esfuerzo destinado aumente ligeramente en los próximos años. Pasará de 16,7% del PIB de 2017 al 17,1% en 2021, datos que sin embargo, se quedan muy lejos del 18,8% de la Unión Europea e incluso más del 19,8% de la Eurozona.

Todas cifras son también muy limitadas si se comparan con las que presenten los grandes países Europa, y se encuadran en un contexto de contención del conjunto del gasto. El Ministerio de Hacienda reconoce «la ratio gastos/PIB se reduce de manera muy progresiva desde el 41,3% del PIB en 2018 hasta el 40,7% en 2022», aunque desde el Gobierno se rechaza que haya un menor desembolso. El crecimiento del propio Producto Interior Bruto, explican, hace que los fondos destinados vayan a ser mayores pero la realidad es que, en términos de nivel de gasto y esfuerzo, sí que existe esa contención.

De manera paralela, los ingresos sí crecerán de manera sustancial. Los cálculos del Gobierno es que «la ratio Ingresos/PIB aumenta desde el 38,9% en 2018 hasta el 40,7% en 2022», esto es, la misma cifra hasta la que espera reducir los gastos en ese mismo año y conseguir así el equilibrio. «Este incremento paulatino del peso de los ingresos públicos sobre el PIB responde tanto a la favorable evolución de la economía, que impulsa el crecimiento de las bases imponibles y la recaudación», añade el Ejecutivo, pero también «a la estrategia de incrementar la recaudación», esto es, a la subida de impuestos que prevé.

La presión fiscal subirá desde el 35,1% al 37,3% del PIB, lo que supone un aumento de más de 26.000 millones de euros, y ya para 2020 Hacienda propone un incremento impositivo que aportará 5.654 millones. Para ello, prevé elevar el impuesto de Sociedades, imponer la tasa Google y la tasa Tobin a las transacciones financieras, o incrementar el gravamen sobre el diésel.

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