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Tía María: todas las voces desde el Valle de Tambo | CRÓNICA

El día que el Ministerio de Energía y Minas entregó la licencia de construcción a Southern Perú para Tía María, la policía dispuso el traslado de 670 agentes al Valle de Tambo. Aquel lunes 8 de julio, los comuneros estaban tranquilos. Recién al día siguiente, muchos vecinos salieron a protestar y, en una asamblea en Cocachacra, acordaron acatar un paro indefinido desde el 15 de julio.

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“¿Qué haremos ahora?”, se preguntaba la señora Martina, quien llevaba una bandera verde con la inscripción “Agro sí, mina no”. Ella no quiere la mina, pero tampoco un paro indefinido. Tiene 52 años, es jornalera y al día gana S/60. Le han dicho que si entra Tía María se quedará sin trabajo. Ella desconfía de la empresa, de sus autoridades, de la policía y de los dirigentes. No quiere vivir otro conflicto.

El Valle de Tambo se ubica al sur del país, en la provincia arequipeña de Islay. Está formado por los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón. Según el administrador de la Autoridad Local del Agua de Tambo, Roberto Ticona, es una franja agrícola de 12.800 hectáreas donde se siembran arroz, caña, papa y otros productos. De acuerdo con el último censo del 2017, en el valle habitan unas 25.000 familias. Para la Gerencia Regional de Agricultura, cerca del 90% vive directa o indirectamente de la agricultura.

—El valle—

Desde la cima de un cerro eriazo de Cocachacra, se observa que en menos de la mitad de las casas flamean las banderas verdes. Al lado izquierdo, están las chacras y el río Tambo; al derecho, las viviendas. Al fondo, a unos 13 kilómetros, donde la vista no alcanza, está el mar.
La gente es amable y bromista, pero cuando les preguntan por Tía María sus rostros cambian. Te interrogan antes de responder, más si eres periodista. Nada de fotos, nada de nombres, advierten. Los que están en contra hablan fuerte; los que están a favor, bajito.

El alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, del Frente Amplio, tiene una posición cerrada frente al proyecto. No quiere hablar de temas técnicos, se encasilla en que no hay “licencia social”. El alcalde de Deán Valdivia, Richard Ale, otro opositor, es autoridad desde el 2007, tres veces alcalde distrital y alcalde provincial de Islay (2015-2018). En esa línea también está el alcalde de Punta de Bombón, Raúl Rodríguez, quien públicamente dio su respaldo al paro que empieza mañana.

—A favor—

Southern Perú
tiene una concesión de 35.000 hectáreas a tres kilómetros del Valle de Tambo. Tras 10 años de espera con marchas y contramarchas, ya tiene licencia para iniciar sus actividades, aunque se comprometió con el Ejecutivo a no hacerlo hasta que el clima social sea mejor.

La vocera de Valle Unido (equipo social de Tía María), María Eugenia Salas, explicó a El Comercio que han trabajado en mejorar las relaciones. Cuenta que cuando iniciaron el trabajo, en el 2017, había desconfianza en la gente. Pero a través de campañas médicas, asistencia técnica, financiamiento de proyectos, capacitaciones y otros programas se acercaron a la población. “Tenemos cuatro centros comunitarios en el valle. Contratamos a jóvenes de la zona y hemos beneficiado a 5.800 personas a través de 58 talleres y a 2.600 con la implementación de 16 proyectos”, contó Salas.

Tras el conflicto del 2015, la Asociación Civil Labor midió la percepción de la población de Islay frente a Tía María y el 72% de entrevistados pedía la suspensión indefinida del proyecto. Pero, según una encuesta de Ipsos hecha a pedido de Southern en Islay, en el 2018, el 59% aprobaba el proyecto. Uno de ellos es Wilbert Chirinos Llerena, cirujano dentista del puesto de salud de La Curva. Él cree que la minería traerá desarrollo. No todos los que piensan así pueden manifestarlo libremente. Por ejemplo, Óscar, un joven taxista del valle, quien confiesa que tiene listo su currículo para cuando la empresa haga la convocatoria. Algunos dueños de hoteles que prefieren mantenerse en el anonimato, por temor a represalias, también creen que tendrán mejores ingresos cuando opere Tía María.

Hasta el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Mollendo, Lorenzo Quea, no quiere dar declaraciones porque fue amenazado por decir que ambas actividades, agricultura y minería, pueden convivir en el valle.

—En contra—

Los pobladores que rechazan la mina tienen sus propios argumentos y se resumen en dos puntos: no confían en Southern y no olvidan las siete vidas perdidas en las protestas del 2011 y 2015. Los llaman radicales, antimineros y ‘espartambos’. Percy Castillo no se hace problemas con esos apelativos, es agricultor y dice que así hagan varios estudios de impacto ambiental, la mina siempre va a dañar sus cultivos.

El agricultor Victoriano Huayta murió el 22 de abril del 2015 por un balazo que recibió en medio de enfrentamientos. “Mi papá era una persona de 61 años que iba a la protesta con su bandera. Jamás encontramos al responsable, su caso se archivó. La mina se tiene que ir, vamos a pelear para que se retire”, cuenta Aracely Huayta, hija de Victoriano.

Estas posiciones radicales son respaldadas por el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, quien ha dicho que “Tía María no va”. Además, la bancada del Frente Amplio ha presentado una moción multipartidaria para interpelar al ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes.

En ese escenario, mañana se inicia un paro indefinido. Las clases se han suspendido, la fiscalía se encuentra en alerta, los establecimientos de salud atenderán las 24 horas y personal de la Defensoría del Pueblo se trasladará a la zona. A diferencia de las protestas anteriores, esta se inicia sin dirigentes que la encabecen.

La población no quiere dirigentes, no quiere que se repitan malas experiencias. En mayo del 2015, en medio de la protesta, salieron a la luz unos audios que comprometían al entonces presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo Pepe Julio Gutiérrez. Pedía un millón y medio de “lentejas” (dólares) a Southern a cambio de suspender las protestas. Ahora afronta un juicio con otros ex 14 dirigentes por asociación ilícita para delinquir.

Quien está a cargo de coordinar las estrategias para el paro es Miguel Meza Igme. Este vocero cuenta con el respaldo de las juntas de regantes.

El sociólogo José Luis Vargas Gutiérrez lamentó que un proyecto tan importante para Arequipa no se haya manejado de una manera más responsable. “El proyecto es viable, pero ha caído en un entrampamiento político donde la izquierda agita a los opositores. Y si a eso le sumas que el Estado no ha realizado un solo proyecto importante en el valle, ¿qué esperaba el gobierno?”, declaró.

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