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Tristes lecciones desde Bolivia

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Para los demócratas liberales que lamentan la erosión democrática en todo el mundo, el colapso del gobierno de Evo Morales —el 10 de noviembre— en Bolivia ofrece un rayo de esperanza. Al menos se pudieron implementar controles, de manera efectiva, contra un gobierno que trató de acabar con todos los controles que había. Esa es la buena noticia.

La mala noticia es que el contrapeso que se necesitaba para contener a ese gobierno no fue tan limpio como uno esperaría. En el proceso hubo resistencia civil e intimidación militar; manifestaciones pacíficas pero también unas radicales y oportunistas.

Tal vez este desorden no debería sorprendernos. Bolivia nos recuerda que es posible que el proceso de detener líderes semidemocráticos también sea semidemocrático.

Con Morales, Bolivia estaba experimentando lo que puede denominarse un retroceso democrático, un proceso mediante el cual una democracia gradualmente adquiere características autoritarias, sin convertirse enteramente en una dictadura en toda la extensión de la palabra, pero socavando significativamente los pesos y contrapesos, así como el pluralismo. Como primer líder indígena del país, Evo Morales llegó a la presidencia con la promesa de reducir la desigualdad e integrar a los pueblos indígenas de Bolivia en sus instituciones políticas. Durante algún tiempo, cumplió con eso.

Sin embargo, en los últimos cinco años, el presidente popular y democráticamente electo se fue volviendo de manera gradual menos popular y menos democrático. Las instituciones democráticas se convirtieron en extensiones de su autoridad. Su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), se convirtió en la “máquina de guerra” de Morales, para ayudarlo a mantener el control del poder. El congreso se convirtió en un mero trámite y los tribunales en otra rama del poder ejecutivo. Con frecuencia, atacó a sus críticos, se hizo la víctima y dijo que estaba siendo discriminado por su origen étnico.

Con un control abrumador sobre las instituciones, se postuló para un cuarto mandato en octubre, desafiando los mismos límites constitucionales que alguna vez respaldó. Este último intento de mantenerse en el poder no salió bien.

Hasta a los partidarios tradicionales del MAS les molestó su intención de reelegirse. De manera abrupta durante la noche de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral dejó de actualizar el recuento de los votos. Los resultados que finalmente se dieron a conocer le otorgaron a Morales una ventaja inesperada 10,6 puntos porcentuales sobre el segundo lugar, el expresidente Carlos Mesa, lo suficiente para evitar una segunda vuelta. La oposición acusó a Morales de fraude. Bolivia entró en crisis y, en cuestión de semanas, el gobierno se derrumbó.

Muchos aspirantes a autócratas sufren reveses electorales como el de Morales. Pero pocos colapsan como resultado de estos reveses. En este sentido, el caso de Bolivia es inusual. Se trata de uno de los pocos ejemplos de retroceso democrático en el que el gobierno termina derrotado. Y, por lo mismo, se trata de un caso que nos ofrece lecciones.

La lección principal es que esta derrota fue a la vez gloriosa y vergonzosa. La oposición organizó protestas pacíficas en todo el país y los manifestantes se mantuvieron firmes a pesar de la represión del gobierno y las fuertes críticas. Los manifestantes obligaron al gobierno a permitir que una organización internacional, la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizara una auditoría, que reveló irregularidades generalizadas. En consecuencia, el equipo de auditoría recomendó que se realizaran nuevas elecciones.

Y entonces los acontecimientos empeoraron. Las protestas se radicalizaron. Un líder marginal de la oposición de derecha llevó las cosas un paso más allá, exigiendo la renuncia del presidente y castigos para los funcionarios del gobierno y sus seguidores. Otros grupos —incluidos las unidades de policía y un gran sindicato que alguna ve apoyó al presidente— se montaron en esa ola de radicalización.

Para la mañana del 10 de noviembre, el gobierno estaba dispuesto a ofrecer una concesión: repetir las elecciones con nuevas autoridades electorales, y nada más. Los manifestantes no se inmutaron. Cuando la escalada era inminente, los militares intervinieron.

En un golpe militar de la vieja escuela, los líderes del ejército despliegan la fuerza militar contra un objetivo gubernamental, por lo general el presidente y, acto seguido, reprimen a los manifestantes. En Bolivia, el proceso fue más sutil. El ejército simplemente le hizo una “sugerencia” al presidente: por el bien del orden, renuncie.

La interpretación de esta sugerencia por parte de los observadores se polarizó de inmediato.

Algunos la consideraron un golpe de Estado, incluso si el gobierno se lo había buscado. Para otros, más que un golpe, esta fue una decisión de los militares para evitar un golpe de Estado contra los manifestantes. El ejército, que había permanecido neutral, se había alineado de facto con un gobierno que estaba violando la democracia y, peor aún, reprimiendo a la oposición.

Para sorpresa de todos, Morales renunció y culpó de ello al ejército, entre otros grupos, de su decisión. Muchos estuvieron de acuerdo: muerte por golpe de Estado.

Sin embargo, esta conclusión forense es insatisfactoria. Culpar al golpe de Estado es responsabilizar a los síntomas e ignorar el impacto general en el sistema causado por el retroceso democrático anterior.

El retroceso democrático impacta a las naciones porque polariza al electorado. Por eso la corrección democrática se dificulta tanto en estos contextos. Los opositores están molestos y sus opciones democráticas se ven limitadas. Mientras tanto, los partidarios siguen siendo numerosos y están convencidos de que el gobierno nunca ha sido más democrático. Es reconfortante saber que los grupos de oposición pueden reafirmarse. No obstante, el caso de Bolivia sugiere que en situaciones en las que el retroceso democrático ha avanzado y los disturbios civiles están en ascenso, es ingenuo esperar que la transición se haga de una manera perfectamente democrática. Surgirán los radicales y es probable que el ejército participe.

Es posible que necesitemos hacer frente a esta triste idea: para arreglar una semidemocracia no siempre se siguen los estrictos manuales democráticos. Esto causa desesperación y podría conducir a una sana resistencia, pero esa resistencia a su vez puede provocar respuestas antidemocráticas. La posibilidad de que haya una escalada es alta, al igual que el riesgo de la participación militar.

Lo mejor que se puede esperar es que el ejército se ponga del lado de los civiles moderados, las normas democráticas y el orden constitucional.

Javier Corrales es profesor de Ciencias Políticas en el Amherst College y autor de Fixing Democracy: Why Constitutional Change Often Fails to Enhance Democracy in Latin America.

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