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Guatemala

'Última oportunidad de justicia': denuncian graves retrocesos en Guatemala por medidas de Jimmy Morales y el Congreso

Amnistía Internacional denunció este martes graves retrocesos a la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad en Guatemala, por medidas tomadas, principalmente, por el presidente de esa nación, Jimmy Morales, y el Congreso.

En el informe ‘Última oportunidad de justicia’, la organización señala que en los últimos dos años, las más altas autoridades de Guatemala han emprendido una serie de acciones para frenar los avances de la última década en materia de acceso a la justicia. «Esto pone en jaque los derechos humanos y el estado de derecho», afirma el texto.

La organización recuerda que en la última década hubo importantes avances en la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos humanos en este país centroamericano.

Por ejemplo, en 2007 comenzó sus gestiones la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo creado con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para apoyar al Ministerio Público guatemalteco en la investigación de estructuras criminales infiltradas en las instituciones del Estado. Desde entonces, hasta 2018, este ente presentó más de 100 casos, «varios de estos estrechamente relacionados con violaciones de derechos humanos en el país», dice Amnistía Internacional.

Entre otras cuestiones, la CICIG presentó ante las autoridades de la justicia local una investigación contra Morales por presunta financiación electoral ilícita.

Además, resalta la organización, los «tribunales guatemaltecos empezaron a dictar sentencias históricas contra excomisionados militares, y miembros de la policía y del ejército, incluso altos mandos, algo que no había ocurrido nunca».

Fuera la CICIG

No obstante, el 31 de agosto de 2018, Morales anunció que no prolongaría el trabajo de la CICIG en el país, acusando al organismo de violar la Constitución.

«En esencia, la CICIG ha llegado a ser una amenaza para la paz en Guatemala, ha montado un sistema de terror», dijo el mandatario durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2018.

La decisión fue confirmada el pasado mes de enero, por lo que las gestiones de esta comisión culminarán el 3 de septiembre próximo.

Amnistía Internacional, en su reciente informe, señala que frente a esta situación, la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, «no parece haber tomado medidas suficientemente claras y oportunas para garantizar la continuidad del trabajo de las fiscalías que colaboran con la CICIG, como la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), haciendo peligrar las investigaciones abiertas en más de 70 casos conjuntos».

Además, la organización menciona que el Congreso de Guatemala «ha promovido una agenda regresiva», que incluye propuestas legislativas que «atentan contra la posibilidad de alcanzar justicia por los crímenes de derecho internacional y las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1960-1996), y por ciertos actos de corrupción». Además, denuncia que ha planteado proyectos de ley para «limitar el derecho de asociación y de defender derechos humanos».

Entre otras iniciativas, la organización condena el proyecto de ley 5377 que —según dicen— «pretende otorgar una amnistía a las personas acusadas e incluso aquellas condenadas de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado».

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