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Unos 62.000 nicaragüenses han huido desde que empezaron las protestas hace un año

Al cumplirse el primer aniversario del inicio de la crisis política y social en Nicaragua, la Agencia de la ONU para los Refugiados calcula que unos 62.000 nicaragüenses han huido del país centroamericano. La gran mayoría de ellos, alrededor de 55.000 optaron por buscar refugio en Costa Rica.

Muchas de estas personas, entre las que hay niños, recurrieron a vías irregulares para evitar ser detectados. Durante estas travesías caminaron por terrenos  difíciles durante horas y fueron expuestos a altas temperaturas, humedad y el riesgo de contraer paludismo.

La portavoz de la Agencia, Lizz Throsell, explicó que a su llegada a Costa Rica un alto número de personas precisan atención médica, apoyo psicológico, refugio y asistencia alimentaria, y detalló el número de solicitantes de asilo durante los tres primeros meses del año. 

“Según las cifras que maneja la Autoridad Costarricense de Migración, hasta marzo de 2019, cerca de 29.500 nicaragüenses presentaron formalmente solicitudes de asilo. Pero con la capacidad de recepción saturada, otros 26.000 están a la espera de que se formalicen sus solicitudes”.

Throssell explicó que entre los solicitantes de asilo hay estudiantes, exfuncionarios públicos, figuras de la oposición, periodistas, médicos, defensores de los derechos humanos y agricultores.

La Agencia de la ONU apoya al Gobierno costarricense en la mejora de las condiciones de acogida y en la reducción del tiempo de espera de los trámites de las personas recién llegadas.

De igual modo, proporcionó locales, capacitación y equipamiento para la Unidad de Refugiados del Gobierno, tanto en la capital, San José, como en la oficina en Upala, cerca de la frontera, inaugurada el pasado mes de diciembre

Preocupación ante las nuevas protestas

Por su parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que pueda originarse “otra reacción violenta”, con motivo de la convocatoria de protestas previstas para estos próximos días.

Michelle Bachelet indicó que, tras doce meses de manifestaciones, el número de fallecidos es superior a las 300 personas, que 2000 fueron heridas y varios centenares encarceladas.

Por esa razón, exhortó al Gobierno nicaragüense a asegurar que las fuerzas de seguridad “garanticen los espacios necesarios para que las personas se reúnan pacíficamente y puedan expresar sus opiniones de conformidad con los derechos internacionalmente reconocidos”. Al mismo tiempo, alertó a las autoridades para que tomen las medidas necesarias para evitar “el uso excesivo de la fuerza”.

Bachelet destacó que entre las violaciones cometidas durante el año pasado se incluyen “la criminalización, el hostigamiento y los ataques en contra de líderes estudiantiles, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y otras personas críticas con el Gobierno”.

A esta serie de atropellos, indicó que hay que añadirle el hecho de que las autoridades recurrieron “a la censura de los medios de comunicación, la prohibición de manifestaciones y el persistente uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias a gran escala por parte de la policía”.

La Alta Comisionada indicó que la suma de estas acciones junto a la falta de rendición de cuentas ha incrementado las tensiones en el país en vez de apaciguarlas.

Al mismo tiempo, destacó que, pese a los dos acuerdos alcanzados recientemente entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia Y la Democracia, las negociaciones se han detenido y los acuerdos siguen sin activarse.

“El hecho de que las negociaciones hayan llegado a un punto muerto y que el Gobierno no esté honrando los acuerdos alcanzados hasta ahora, está socavando la posibilidad de establecer un verdadero diálogo inclusivo para resolver la grave crisis social, política y de derechos humanos que enfrenta el país”, dijo.

Añadió que en respuesta a la crisis es “de suma importancia” establecer “un proceso de responsabilidad exhaustivo y transparente para garantizar la justicia, la verdad y las reparaciones, así como garantías claras de no repetición, de conformidad con las normas y estándares internacionales”.

Una resolución sobre Nicaragua adoptada recientemente por el Consejo de Derechos Humanos llama al Gobierno a retomar la colaboración con la oficina de la Alta Comisionada y otros organismos internacionales y regionales de derechos humanos.

Bachelet manifestó su voluntad de cooperar con el Gobierno de Nicaragua y que su personal está dispuesto a regresar al país para ayudar a las autoridades a cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos siempre y cuando se den condiciones que les permitan operar de manera efectiva y creíble”.

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