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España

Ximo Puig quebró el Buen Gobierno con «su» periódico

Comentaba un miembro del Consejo Rector de À Punt que si al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se le aplicaran las mismas causas de incompatibilidad que rigen para los gestores de la radiotelevisión pública respecto a su relación con el sector audiovisual, el jefe del Consell habría tenido que dimitir por ser accionista, aunque minoritario, del grupo Prensa Ibérica, editora de los diarios Levante, Información y, tras la compra del Grupo Zeta, también del Mediterráneo de Castellón, en cuya editora (Pecsa), Ximo Puig poseía 210 acciones por un valor estimado de 177.000 euros.

Técnicamente, tiene sentido que a los miembros de un consejo de administración de una televisión pública se les aplique un régimen específico y particularmente estricto de incompatibilidades respecto a su relación con empresas del sector audiovisual en cuya gestión o propiedad participen directamente o a través de familiares. Por esto tuvo que dimitir uno de sus miembros, Vicent Vergara, tras denunciarlo EL MUNDO.

Se busca con ello que las decisiones del Consejo Rector no acaben contaminadas por el interés particular de alguno de sus miembros. Igual que no tendría sentido que alguien que provenga o tenga relación con la energía nuclear forme parte del Consejo de Seguridad Nuclear. Es de sentido común. Y es la ley.

Un Gobierno, sin embargo, es distinto. Su función es general, abarca todos los asuntos y los cargos públicos, incluido el presidente, no sólo tienen el derecho, sino también la obligación, de participar en la resolución de los problemas administrativos y económicos de su comunidad. Existe lo que se denomina el derecho de Participación Política, que no se debe confundir con el interés directo, personal y patrimonial, que está delimitado en las leyes sobre incompatibilidades y en lo que marcan las respectivas Oficinas de Conflicto de Intereses y buen gobierno.

Aunque el régimen de incompatibilidad que rige en España para un ministro, un conseller o un concejal es de tipo general, no sectorial y, aunque está particularmente regulado para cada grado de administración, queda enmarcado en cinco principios básicos que rigen el ejercicio del alto cargo: el interés general, la integridad, la objetividad, la transparencia y la austeridad. La ley marca el límite prevaricador y, el resto, lo marca la ética de buen gobierno.

¿Ha actuado el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, con arreglo a los límites legales y éticos a los que está obligado como alto representante de la ciudadanía? Existen razones para dudarlo.

El presidente de la Generalitat -que es periodista, aunque no acabó sus estudios- nunca ha ocultado su participación accionarial en Pecsa (Mediterráneo de Castellón, ahora propiedad de EPI). Sus 210 acciones estaban incluidas en su declaración de bienes, lo mismo que los 11.000 euros en dividendos que recibió en 2016 y 2017, tal y como revelaron ElConfidencial y ElDiario y consta en su declaración de IRPF. Aquí ha sido transparente. No hay duda.

La Ley de Incompatibilidades de los Altos Cargos de la Generalitat, que es de 2016, igual que la de la Administración del Estado, marca que un alto cargo no puede tener más del 10% en empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público estatal, autonómico o local, o que reciban subvenciones públicas. Dado que la participación accionarial de Puig en Prensa Ibérica -a través de su antigua participación en Pecsa- es de poco más del 1%, el presidente no incurre en ilícito o irregularidad. Su posición accionarial, además, no es decisiva.

Sin embargo, la ley ve «conflicto de intereses», con carácter general, cuando se va a tomar una decisión que pueda afectar a los intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos. Y es aquí donde existen dudas razonables sobre la no abstención del presidente en la sesión del 15 de marzo pasado del Consell que, a instancias del Instituto Valenciano de Finanzas, aprobó el reglamento para que este organismo pudiera actuar en las mismas condiciones que la banca privada en el cobro del dinero que la editora del periódico Mediterráneo adeudaba al Consell, operación en la que finalmente perdonaron o condonaron 1,3 millones de euros de dinero público, en línea con otros bancos.

Dice la jurisprudencia, con carácter general, que un cargo público debe abstenerse en la toma de una decisión, cuando él mismo o un familiar directo hubiera intervenido en la dirección, asesoramiento o administración de las empresas afectadas por tal decisión. Tampoco sería el caso de Puig, porque ni él ni su familia han participado en la dirección de Mediterráneo o de los diarios Levante o Información. Por mucho que se diga que Levante es «SU» periódico, el de Ximo Puig, no tanto porque tiene acciones (que las tiene) sino porque es en el que, de forma objetiva, se siente más cómodo y obtiene mejor trato. Prensa Ibérica es, a su vez, con diferencia, el que mayor cantidad de dinero recibe en publicidad institucional del Gobierno valenciano desde que Puig accedió a la Generalitat.

La cuestión es que el acuerdo que adoptó el pleno del Consell afectaba directamente a la operación del Instituto Valenciano de Finanzas en favor de la operación de compra del Grupo Zeta por parte de Prensa Ibérica. Sin él, la operación de compraventa no se habría hecho, porque estaba condicionada a ello, tal y como explicó esta semana el director general de IVF, Manuel Illueca en una comparecencia en la que Presidente pretendía zanjar el caso. Por tanto, sin el voto afirmativo del Consell, incluido el de Puig, el decreto no había sido aprobado y habría acabado entorpeciendo la operación del periódico «DE» Puig.

Mónica Oltra sostuvo el pasado viernes que, cuando el Consell aprobó ese decreto del IVF, no lo hacía pensando en una operación concreta. Posiblemente fuera así en el caso de algunos consellers. De hecho, al menos tres de ellos lo niegan, sin revelar nada más debido a su obligación legal de guardar siempre el secreto de las deliberaciones del Consell. Cabe el beneficio de la duda sobre lo que pasaba por la cabeza del presidente y de algún otro conseller del PSPV cuando aquello se propuso a votación y se aprobó. Pero, más allá de las leyes que, como digo, no ha quebrantado Puig, existen otros límites que no son el Código Penal o la Ley de Incompatibilidades. Dice el artículo 17 del Código de Buen Gobierno de la Generalitat:

«Las decisiones tomadas por las personas sujetas a este Código se adoptarán atendiendo al interés general, con objetividad hacia las personas e imparcialidad y neutralidad respecto a los intereses privados afectados, motivando sus decisiones en el caso de actuaciones discrecionales. No podrán afectar a este principio consideraciones personales, familiares, partidistas, corporativas, clientelares, de amistad o cualesquiera otras de naturaleza privada, personal o ajena al recto ejercicio de sus funciones«.

Puig, sin duda, quebró este principio.

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